Esa es la premisa central de la denominada Ley Micaela que obtuvo media sanción en Diputados. Solo Alfredo Olmedo votó en contra.
Con 171 votos a favor y uno negativo (del salteño Alfredo Olmedo) y en un contexto social marcado por amplios reclamos del colectivo feminista, la Cámara baja de la Nación le dio media sanción a la Ley Micaela que propone la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres. A partir de esta normativa se busca reforzar las políticas de género por parte del Estado, a través de la capacitación obligatoria para todos los que integran los tres poderes.
El proyecto –aprobado en la noche de este martes– dispone la capacitación de las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria; en cargos electivos, por concurso o por cualquier otro medio legal de contratación. Además, fija como autoridad de aplicación en el ámbito del poder Ejecutivo al Consejo Nacional de las Mujeres y al Ministerio de Modernización, o las dependencias que en el futuro las reemplacen.
Obliga a los poderes Legislativo y Judicial a designar la autoridad de aplicación en sus respectivos ámbitos, en un plazo de 30 días contados desde la promulgación de la ley.
Hace obligatorio para todo el personal alcanzado por esta ley cursar y aprobar cada año una capacitación en gestión con perspectiva de género de acuerdo con contenidos curriculares mínimos. Otorga carácter obligatorio y requisito necesario a esos contenidos para la promoción a niveles superiores por concurso o progresión de la capacitación creada en esta norma. Establece como falta grave negarse a cumplir con esa capacitación, lo que dará lugar a sanción disciplinaria y obstaculizará los ascensos. Prevé la participación –en todas las instancias– de las organizaciones sindicales del sector en resguardo de los intereses de las personas que trabajan en la función pública.
Encomienda al Consejo Nacional de las Mujeres diseñar los contenidos mínimos, curriculares en un plazo máximo de 180 días desde la promulgación de la ley. Dispone que esos contenidos velen por la sensibilización de las personas en función de prevenir la violencia de género a través de provisión de estándares, protocolos de trabajo y recomendaciones de buenas prácticas. Y, finalmente, dispone la inclusión en los materiales de una reseña de la vida Micaela García y de otras víctimas de femicidio, así como de la historia de organización y lucha del movimiento de mujeres en Argentina.
