Se trata de la inversión más importante que lleva adelante una provincia en todo el país. Ya se firmaron los contratos.
Los ministros de Infraestructura y Transporte, José Garibay; y de Economía, Gonzalo Saglione, firmaron este jueves en la sede de Gobierno en Rosario los contratos para comenzar con la obra de la II etapa del Acueducto Desvío Arijón a Rafaela.
En la oportunidad, Garibay afirmó que “hemos dado el paso inicial para que la obra se empiece a ejecutar finalmente, desde la planta potabilizadora hasta los caños, cisternas y estaciones elevadoras. Desde la gestión de Miguel Lifschitz vemos la infraestructura como una inversión que apuesta al desarrollo y al trabajo, en esta intervención inédita a nivel provincial van a trabajar 400 personas directamente, más las que lo hagan indirectamente”.
“Se van a trabajar en 11 frentes de trabajo en simultáneo, como estaba planteado en el pliego, y de esta manera concluir esta obra tan esperada en el menor tiempo posible”, concluyó el ministro de Infraestructura y Transporte.
Por su parte, Saglione afirmó que, “en consonancia con lo que solicitó el gobernador Miguel Lifschitz, continuamos invirtiendo en obra pública de menor escala, mediana y de gran magnitud como esta. Hemos conseguido 130 millones de dólares de financiamiento de dos organismos internacionales a una tasa inédita del 5%”.
La obra
Se apunta a la construcción de un acueducto de 108.4 kilómetros de longitud, incluyendo obras de equipamiento, desde la Estación Potabilizadora sumando a la ya existente que alimenta a Desvío Arijón, Sauce Viejo y Santo Tomé, en jurisdicción de Desvío Arijón, hasta la ciudad de Rafaela, previéndose la provisión además a las localidades de Matilde, San Carlos Sur, San Carlos Centro, San Mariano, Sa Pereyra, Angélica y Susana. La obra beneficiará a un total de 125.200 habitantes. Sumado con la primera etapa del citado acueducto, se abarcará una superficie de 2500 kilómetros cuadrados y una población atendida superior a los 200.000 habitantes.
Este sistema provincial se diseñó sobre un horizonte de previsiones para los próximos 30 años y su desarrollo constituye una política de Estado.
Se busca, de esta manera, garantizar el acceso al agua potable de calidad en todas las poblaciones santafesinas y es un proyecto que implica una inversión del orden de los u$s 1500 millones.
