Dos funcionarios actuales de la gestión provincial están imputados por peculado por haber utilizado fondos reservados de la Dirección de Asuntos Internos – en la gestión de Maximiliano Pullaro como ministro de Seguridad –para pagar los honorarios de los abogados que defendieron a los acusados de matar e intentar desaparecer al joven bonaerense Franco Casco en octubre de 2014 en la ciudad de Rosario. Ricardo Giusepponi es actualmente Director Provincial de Inspección Penitenciaria y David Ramón Reniero es Subsecretario de Cooperación judicial dentro de la órbita del ministerio de Seguridad. Ambos fueron imputados por el Fiscal Ezequiel Hernández en julio de 2017 por los delitos de peculado. Su situación actual en la planta política del ministerio de Seguridad toma relevancia mayor luego de que la Cámara de Casación Penal revocara la sentencia absolutoria que benefició a 19 policías que llegaron a juicio oral por el “Caso Casco” -muchos de ellos ex integrantes de la Seccional Séptima en Rosario -y ordenara un nuevo fallo. El Tribunal Superior hizo lugar al pedido del Fiscal Fernando Arrigó que había apelado junto con los abogados de las querellas el fallo absolutorio del Tribunal Federal de Rosario integrado por Otmar Paulucci, Eugenio Martínez y Ricardo Vásquez, quienes en julio del año pasado absolvieron a todos los imputados.
Casco, oriundo de Florencio Varela, llegó el último día de septiembre de 2014 a la ciudad de Rosario y fue detenido por personal policial por una denuncia sin motivaciones efectuada por un vecino de la zona de la Seccional Séptima en Rosario. Casco fue visto por última vez el 6 de octubre de ese año y 22 días después apareció sin vida maniatado en aguas del rio Paraná.
La investigación judicial apuntó primero a los efectivos de la Seccional y luego al personal de Asuntos Internos que hizo una pesquisa amañada con el objetivo de beneficiar al personal policial. En ese marco, la Dirección de Asuntos Internos usó el dinero de los fondos reservados para pagar a los abogados de los funcionarios del área de Asuntos Internos, que habían sido imputados e investigados por la justicia.
En agosto del año 2020, el entonces ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, denunció en la justicia el resultado de una auditoría interna referida al rubro “Gastos Reservados”. Dicho informe consignó textualmente que “con respecto a esta partida se debe tener en cuenta que el aumento en la misma a partir del mes de octubre del año 2017 y hasta septiembre del año 2018, se debió a que la diferencia de la suma recibida por esta Habilitación era destinada al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta Unidad Especial que se encontraba involucrado en el caso “Casco” de la ciudad de Rosario, esto se dio a partir de una orden del Secretario de Control”.
La etapa de instrucción de esta causa penal se tramitó bajo los autos caratulados: “IMPUTADO: GYSEL, GUILLERMO HERNAN Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA ART 142 INC. 5 VICTIMA: CASCO, FRANCO EZEQUIEL Y OTROS” (EXPTE. NRO. FRO. 22074/2017) ante el Juzgado Federal Nº 3 de la ciudad de Rosario. La Denuncia de Saín daba cuenta de una maniobra ilegal en donde se utilizaron fondos reservados del ministerio de Seguridad para pagar los honorarios de los abogados que defendían a los policías sospechados de la desaparición del Casco.
La causa por la utilización indebido de fondos se tramitó en la Fiscalía de Delitos Complejos y Violencia Institucional del MPA en Santa Fe y la llevó adelante Ezequiel Hernández, quien en julio de 2021 imputó a Luis Sosa –entonces a cargo de la Dirección de Asuntos Internos- a María Ester Romeggio – entonces jefa de administración y finanzas de Asuntos Internos – al abogado Lucas Peirone –entonces asistente técnico de la Dirección de Asuntos Internos – a David Reniero y Ricardo Giusepponi – ex Secretario y Subsecretario respectivamente de la Secretaria de Control de las Fuerzas de Seguridad del ministerio de Seguridad. Entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 Sosa, con el visto bueno de los funcionarios, suscribió cheques para ser cobrados de la cuenta 19126/00 del Nuevo Banco de Santa Fe por el abogado de los policías investigados Juan Manuel Alcácer, socio en el estudio de Peirone, donde tomaron la defesa da varios narcos, entre ellos Luis Paz. Al poco tiempo Peirone renunció a su asesoría en el ministerio.
David Reniero – de extrema confianza del entonces ministro de seguridad y hoy Gobernador Maximiliano Pullaro- y Giusepponi hoy siguen ocupando cargos en áreas sensibles del Estado, no muy distintas a las que tenían al momento de disponer de los gastos reservados que la justicia le reprocha como conducta ilegal. Giuseppone tiene actualmente cargo de Director y Reniero un AT 2 (Asistente Técnico) por lo que perciben la suma de 3 millones de pesos más otros 700.000 mil aproximadamente en concepto de viáticos.
Fuente: Zona Critica.
