En el programa Ciudadanos, dialogamos con Juan Pablo Languella, secretario general del gremio de trabajadores judiciales de Santa Fe, y María Elena Martínez, secretaria adjuinta de la misma organización, con quienes abordamos algunos de los desafíos y tensiones que enfrenta el sector judicial en la provincia. Actualmente, el gremio representa a 4600 trabajadores, quienes se encuentran en un momento de alta conflictividad, exacerbado por la reciente reforma previsional aprobada por la legislatura.
Reforma Previsional: Un golpe a los trabajadores
Juan Pablo Languella expresó su preocupación respecto a los impactos negativos que la reforma previsional ha tenido en los empleados judiciales. Según Languella, la reforma, aprobada sin la debida atención a las demandas y propuestas de los sindicatos, representa un retroceso para los trabajadores. El principal foco del conflicto radica en el nuevo cálculo del haber jubilatorio, que ha reducido los beneficios previsionales de los empleados.
“El cálculo del haber previsional, que antes era del 72% del salario promedio de los últimos 120 meses, ahora ha sido reducido al 70%, con una quita adicional del 20%. Esto representa un perjuicio económico significativo para cualquier trabajador que se jubile bajo el nuevo régimen», explica Languella.
Además, señala que la legislatura ha delegado al gobernador la potestad de modificar la edad jubilatoria, lo que genera una gran incertidumbre en el sector. Este panorama, según el secretario general, ha sido el principal detonante del malestar entre los empleados judiciales.
El rol del gobierno y la falta de diálogo
En la entrevista, ambos representantes gremiales critican la falta de diálogo del gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro. María Elena Martínez señala que, a pesar de los intentos del gremio por establecer una comunicación constructiva, sus reclamos han sido sistemáticamente ignorados.
“No es solo una cuestión económica, sino de institucionalidad. El gobierno no está respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, lo cual sienta un precedente peligroso”, afirma Martínez.
Languella agrega que la postura del gobierno parece estar influenciada por una agenda política que busca modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, lo que ha generado desconfianza en el gremio.
Vacantes y la carrera judicial: Una preocupación adicional
Otro de los temas urgentes que se trató en la entrevista fue el estancamiento en la carrera judicial debido a la falta de nombramientos. Desde que comenzó la gestión de Pullaro, el gremio ha detectado una parálisis en los procesos de ascensos y titularizaciones, lo que ha afectado tanto a empleados que ya han rendido exámenes como a aquellos que están esperando acceder a puestos superiores.
“Ya llevamos nueve meses y medio sin que se firme un solo decreto de ascenso. Esto afecta a más de 500 compañeros que se encuentran a la espera de ser reconocidos formalmente en sus cargos”, denuncia Martínez.
Esta situación, según Languella, ha generado una sobrecarga laboral en los empleados actuales, quienes deben cubrir vacantes con subrogancias sin recibir la compensación salarial correspondiente. Además, muchos de los trabajadores que han rendido exámenes en el pasado se han visto obligados a volver a presentarse en nuevos procesos debido a la falta de resoluciones por parte del Ejecutivo.
Expectativas y el costo político
Al ser consultados sobre las perspectivas a futuro, ambos dirigentes fueron claros al señalar que esperan una pronta respuesta por parte del gobierno provincial para destrabar la situación. No obstante, no descartan que las acciones del gobierno tengan un costo político significativo.
“El gobierno de Pullaro ha avanzado de manera autoritaria en varios aspectos, sin respetar los procesos institucionales ni los derechos de los trabajadores. Esto inevitablemente tendrá un costo político, porque los trabajadores no olvidarán que sus derechos fueron vulnerados”, concluye Languella.
El gremio se mantiene firme en su postura y ha presentado varios reclamos administrativos en busca de respuestas. Mientras tanto, la incertidumbre sigue afectando a miles de empleados judiciales que ven sus carreras profesionales y sus derechos laborales en peligro.
En resumen, la situación actual de los trabajadores judiciales de Santa Fe refleja un momento de gran tensión y preocupación, donde las demandas sindicales chocan con un gobierno que, según los entrevistados, parece más interesado en avanzar su agenda política que en garantizar los derechos de sus trabajadores.
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