En una entrevista a Jorge Henn, defensor del pueblo, y Liliana Dillon, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, nos brindaron un análisis detallado sobre la preocupante situación del endeudamiento en Santa Fe y la importancia de una planificación financiera adecuada para mitigar sus efectos.
En conjunto, la Defensoría del Pueblo y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, hicieron un relevamiento sobre el endeudamiento de los santafesinos. En esta línea, Henn explicó que «los santafesinos nos endeudamos porque hay un desfasaje entre los ingresos y la forma en que estos se ajustan. Los gastos como servicios, alimentos, ropa y combustibles se ajustan más rápido que los ingresos, aunque haya paritarias cada dos o tres meses. La inflación siempre va más rápido y eso afecta el poder adquisitivo.» Este desajuste entre ingresos y gastos provoca que muchas familias caigan en deudas difíciles de manejar.
A su turno, Liliana Dillon, de la Facultad de Ciencias Económicas, destacó la importancia de la planificación financiera. «Las familias no estamos organizadas como empresas, no llevamos un registro de ingresos y egresos. Esto se vuelve anárquico. Gastamos sin planificación y eso nos lleva a problemas. A veces necesitamos detenernos y reevaluar nuestro escenario, aunque sea complejo e incierto. Una vez endeudados, puede formarse una bola de nieve difícil de salir.» La falta de una administración financiera adecuada puede agravar significativamente la situación económica de las familias.
El estudio reveló datos alarmantes. «Encontramos que el 50% de las personas socioeconómicamente más bajas están gravemente endeudadas, y que más del 77% de los ciudadanos han estado en una situación de deuda con distintos tipos de acreedores,» afirmó Henn. Estos números subrayan la urgencia de implementar políticas públicas que aborden el problema del endeudamiento y la usura.
«La falta de administración financiera y orden económico no es un tema abstracto, es una realidad tangible que afecta a muchas personas. Esto demuestra la necesidad de políticas públicas que aborden el problema del endeudamiento y la usura, y que obliguen a las entidades financieras a operar bajo una normativa que realmente proteja a los ciudadanos», finalizó el Defensor del Pueblo.
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