En una entrevista con ATP, Pablo Lázaro, especialista en ciberseguridad y cibercrimen, explicó el funcionamiento y la importancia del protocolo de ciberpatrullaje implementado por el Ministerio de Seguridad. Este método proactivo busca detectar y judicializar delitos a través de la vigilancia en fuentes públicas del ciberespacio.
Días atrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habilitó a las fuerzas federales a realizar “ciberpatrullaje” en internet, incluyendo las redes sociales, para hacer inteligencia criminal y detectar posibles delitos o prevenirlos. Con ese fin, publicó una resolución en el Boletín Oficial, porque la decisión se mete en la Ley de Seguridad Interior. Bullrich reconoce en el texto que hay un vacío legal sobre este tema porque resoluciones firmadas por ella cuando era ministra de Mauricio Macri fueron derogadas por la gestión de Alberto Fernández.
En una reciente entrevista con el programa ATP, Pablo Lázaro, Director de la carrera de grado en ciberseguridad y ciberdelitos de la Universidad Nacional Raul Scalabrini Ortiz, compartió detalles sobre el protocolo de ciberpatrullaje impulsado por Bullrich, cabe descatar que este programa fue lanzado en la gestión de Macri y fue Lázaro quien lo creo. «El ciberpatrullaje es una herramienta clave que permite a los oficiales actuar de manera proactiva al detectar delitos en fuentes públicas del ciberespacio», señaló el especialista.
Lázaro explicó que el ciberpatrullaje se basa en la observación de actividades ilícitas en internet, similar a como un oficial patrulla las calles. «Si un policía ve un delito en la vía pública, puede actuar de inmediato. De igual forma, al detectar venta de drogas, abuso de menores o actividades terroristas en internet, los oficiales pueden judicializar rápidamente estos casos», detalló.
Según el entrevistado, este protocolo no solo se enfoca en la detección, sino también en la prevención de delitos complejos. «Antes, las autoridades solo actuaban si un ciudadano denunciaba. Ahora, los oficiales pueden investigar proactivamente y judicializar posibles delitos, aunque siempre bajo restricciones para evitar abusos», explicó. «El protocolo establece que la policía no puede guardar información ni hacer inteligencia en el sentido de espionaje, sino que debe remitir los hechos a la justicia para su evaluación».
El ciberpatrullaje ha demostrado ser eficaz en la detección de actividades ilegales en plataformas comunes. «Por ejemplo, hay aplicaciones de citas donde, bajo la apariencia de encuentros casuales, se realizan transacciones de drogas. Los oficiales se capacitan para identificar estos patrones y actuar en consecuencia», comentó. Además, destacó la importancia de la cooperación y la capacitación continua de las fuerzas policiales para enfrentar estos desafíos.
A pesar de los avances, Pablo Lázaro admitió que aún existen retos significativos. «En comparación con otros países, Argentina está un poco rezagada en términos de ciberseguridad y ciberpatrullaje. Necesitamos unificar esfuerzos y mejorar la legislación para estar a la altura de las amenazas modernas», concluyó.
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