Será este miércoles en distintas ciudades del país. El símbolo es un pañuelo rojo bajo el lema “mi parto, mi decisión”.
El miércoles 17 de mayo, a las 17, será un día histórico para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. De manera simultánea, en Plaza del Congreso, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en otras plazas de distintas provincias del país (como en Córdoba, Mendoza, Misiones, Tucumán, San Luis, Chubut) se realizará la Primera Marcha Nacional contra la Violencia Gineco- Obstétrica, bajo el lema “Sumate a la Marea Roja”, organizada por la Campaña “Mi parto, mi decisión”.
Esta convocatoria sucede en el marco de la Semana Mundial por el Parto Respetado, iniciativa que surgió en 2004 y que este año comprende del 14 al 20 de mayo bajo el lema “Cuidar los nacimientos es también cuidar a las familias”). “El objetivo es llevar a la calle la discusión que se da estos días puertas adentro”, dice Luján Arcidíacono (doula y politóloga), una de las coordinadoras de la Campaña que ya cuenta con el apoyo de más de 80 organizaciones a nivel nacional.
En la marcha se leerá una declaración conjunta que agrupa a distintas organizaciones y reclamos vinculados a la violencia obstétrica. La Campaña “Mi parto, mi decisión”, que nació hace menos de un año, es definida por Luján como una “red”: “La campaña incluye muchos otros fenómenos de violencia que no se dan estrictamente en la escena obstétrica de embarazo, parto, puerperio. Intentamos que, en un mismo reclamo, se incluyan otras situaciones de violencia, por ejemplo, en la atención ginecológica y la violencia en la atención en la salud de las disidencias y diversidades. Incluimos, también, el tema de mujeres presas por eventos obstétricos y, obviamente, sumamos las situaciones referidas a la ausencia de implementación de la IVE e ILE. Todas estas son luchas históricas pero la Campaña intenta construir una narrativa que aborde todos estos temas al mismo tiempo”.
Más de 80 agrupaciones de todo el país conforman la Campaña, entre ellas, Red Argentina de Casas de Parto, Doulas Comunitarias, OVO Argentina, Parimos Conciencia, El Parto es Nuestro, Parto Respetado Catamarca, Frente de Promotoras Matria Lanús, Espacio Trans Puerto Madryn, UPA, Red de Duelo Perinatal, Nacer Merlo, por solo nombrar algunas.
La declaración conjunta expone el panorama de la violencia gineco-obstétrica como una modalidad de violencia de género a nivel nacional. Además, el documento propone la sanción de los siguientes proyectos de ley (los cuales se consideran fundamentales a la hora de pensar en cambiar el paradigma asistencial): Ley de capacitación obligatoria al personal de salud en violencia ginecobstétrica, un proyecto análogo a la Ley Micaela de capacitación continua en derechos vinculados al parto y violencia obstétrica para el personal de la salud en sus distintos niveles; Ley de nuevo ejercicio profesional de los/las licenciados/as en obstetricia; Ley de casas de partos; Ley de puericultoras. La declaración conjunta, además de ser leída, se presentará como un Proyecto de Declaración en el Congreso de la Nación.
Argentina cuenta con dos leyes vinculadas al parto. En 2004, se sancionó la ley de “parto humanizado”. Fruto de la lucha de varias activistas, específicamente de activistas por el parto humanizado, se impulsaron una serie de acciones políticas que devinieron en esta ley, la N° 25.929. Una ley que promueve los derechos de las mujeres (cis) y otras personas gestantes en el parto, incluyendo la atención del embarazo, trabajo de parto, parto y puerperio. Entre los incisos del artículo 2, se destacan los que refieren a los derechos a ser acompañadas por una persona de su elección, a recibir información sobre los procedimientos obstétricos recibidos, a poder expresarse y moverse libremente. A su vez, entre otras cuestiones, se destacan los derechos que refieren a la necesidad de ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado, garantizando la intimidad durante todo el proceso asistencial y en consideración de sus pautas culturales; y a ser entendida como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista del proceso de parto. Sin embargo, esta ley obtuvo su sanción en 2004 pero no así su reglamentación. Tuvieron que pasar 11 años para que se reglamentara, en 2015, mediante el decreto 2035/2015.
Ya en 2009, la violencia obstétrica devino un artículo y una modalidad en la ley integral contra la violencia de género en Argentina. Específicamente, como una de las ocho modalidades de violencia de la ley N° 26.485, llamada “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. En su artículo 6°, la violencia obstétrica se define como aquella que se ejerce sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres y otras personas gestantes, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929.
La violencia obstétrica, como modalidad de la violencia de género, refleja el entrecruzamiento entre la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y la violencia institucional que se produce en el ámbito de la atención de la salud. En este sentido, en el año 2019 la “Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias”, Dubravka Šimonović, desarrolló recomendaciones dispuestas a prevenir y erradicar la violencia obstétrica, instando a los Estados a la producción y publicación de informes así como a la revisión de políticas y planes de acción en la materia.
En relación con las estadísticas sobre violencia obstétrica a nivel nacional, se cuenta con un informe muy reciente sobre la temática publicado en diciembre de 2022 por el Observatorio de las Violencias y Desigualdades por razones de Género, dependiente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD). Los datos ofrecidos muestran la gravedad de la situación. Allí, el Sistema Informático Perinatal (SIP) —un sistema de registro del Ministerio de Salud de la Nación–, declaró que en 2019 en el sistema público de salud del país se registraron un total de 277.330 nacimientos, de los cuales el 37% fueron a través de cesáreas. Ello demuestra que la tasa argentina triplica la recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es entre el 10 y el 15%.
Por su parte, al 43.7% de personas que parieron no se les permitió tener acompañamiento en el proceso de parto (sea del tipo vaginal o por cesárea), violando el derecho al acompañamiento de la ley 25.929. Y, por último, teniendo en cuenta que del total de partos reportados 166.018 fueron partos vaginales, al 53,3% que atravesaban su primer parto (primíparas) se les realizó una episiotomía. Sin embargo, este procedimiento como rutina y/o como técnica preventiva para evitar desgarros está contraindicado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1985.
En relación a las denuncias por violencia obstétrica el informe recolectó la información de dos de los organismos que las recepcionan. Según los registros del período 2017- 2021 de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG), dependiente del Ministerio Nacional de Justicia y Derechos Humanos, la cantidad de denuncias reportadas expresa un total de 268.
En 2020 y 2021 las denuncias refirieron a un 60 % del sector privado y a un 40% del sector público. A su vez, se observa que el trato deshumanizado es la principal causa de denuncia en todos los años del período analizado, representando el 100% de los casos en el año 2019. En segundo lugar, se ubican las denuncias que evidencian la falta de información otorgada a quienes paren sobre su estado de salud, sobre las prácticas recibidas así como la información que respecta sobre sus hijos/as/es. En tercer lugar se ubica la falta de respeto por la decisión de las mujeres y otras personas gestantes durante la atención de su trabajo de parto, parto y/o puerperio.
