Se trata de Débora Cottichini, jefa de Inteligencia zona sur del organismo del MPA. La Auditoría le abrió una investigación por posibles delitos vinculados a la filtración de información sensible.
La jefa del Departamento de Inteligencia Criminal del Organismo de Investigaciones, Débora Cottichini, fue denunciada por formatear su computadora dentro del organismo y despejar la oficina, que hasta entonces estaba colmada de expedientes y documentos. Por eso episodio, el subdirector general Víctor Moloeznik ordenó labrar un acta y precintar el lugar para luego peritar la computadora de la funcionaria. Antes de ese episodio, un grupo de analistas del O.I declararon ante la Auditoría que por pedido de Cotichini ellos realizaban informes verbales de distintas causas a la funcionaría vía mensajes de WhastApp que ella al mismo tiempo reenviaba al entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain, violando, presumiblemente, los principios básicos del secreto investigativo.
Los analistas habrían aportado esos audios en el sumario abierto por Cecilia Vranicich también en los primeros días de abril. El 9 de abril, en el programa de TV Zona Crítica, el diputado provincial Juan Cruz Cándido señaló que desde el Organismo de Investigaciones se hicieron perfiles de políticos y periodistas por orden del exministro y que de él sabían “hasta con quien me juntaba a comer”.
El día que Sain regresó al Organismo de Investigaciones fue muy particular. Su persona de confianza, Débora Cottichini empezó a tener problemas. Un analista le comentó el primer lunes hábil de abril a Moloeznik que habían vaciado todo el despacho de la jefa del Departamento de Inteligencia. El subdirector intentó corroborar eso y fue hasta la oficina, pero estaba cerrada. Pidió una llave alternativa y cuando ingresó corroboro la intervención: lo que antes rebalsaba de apuntes y expedientes, ahora era desolación. Moloeznik ordenó entonces una pericia simple de la computadora con un asesor informático, que corroboró que el dispositivo había sido formateado. Ahí, entonces, se labró un acta frente a la posibilidad de la violación del artículo 255 del código penal que prevé que “será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo”.
Una fuente del MPA informó que el hecho investigado es sumamente grave y mencionó que la auditora recibió el testimonio de una analista al que se le pidió “un perfil” de una exfuncionaria del ministerio de Seguridad, en la gestión de Antonio Bonfatti como gobernador. Señaló que “desconocía el motivo del pedido”, pero tardó poco en saberlo al ver en un canal de Buenos Aires cómo se hablaba de ésa funcionaria con información que él había producido desde las bases del Organismo.
La funcionaria del O.I fue informada sobre esta delicada situación y habría contactado al exministro de Justicia, Juan Lewis, para una hipotética defensa, dentro del sumario o ante la posibilidad de conformarse un Tribunal de Disciplina al tratarse de una falta grave.
El artículo 51 de la ley 13.013, que regula el régimen disciplinario de los operadores del sistema, señala que son “sujetos comprendidos de estas instancias los fiscales, fiscales adjuntos, el administrador general, el secretario general y los directores de la Escuela de Capacitación y del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. El artículo 52, inciso 2, destaca como falta grave “violar el deber de reserva respecto de los asuntos que así lo requieren y en los que actúa el Ministerio Público de la Acusación; o extraer, duplicar o exhibir documentación que deba permanecer reservada”, que es lo que se le estaría señalando a Cottichini.
