Así lo dijo el juez penal de niños, niñas y adolescentes de Paraná Pablo Barbirotto. Brindó su postura absolutamente contraria al impulso que están dando diferentes actores sociales por el tema, sobre todo desde ciudad de Buenos Aires. Pidió que quienes participen del debate se informen responsablemente y recordó que los países que bajaron la edad no solucionaron la cuestión, sino que la agravaron.
La baja en la edad de punibilidad volvió a ser el centro del debate. El tema fue impulsado nuevamente por los medios de comunicación porteños y algunos dirigentes políticos tras el homicidio de un turista armenio, al que le quisieron robar una bicicleta. El principal acusado por el hecho es un adolescente de 15 años.
A propósito de esta nueva edición de la discusión Pablo Barbirotto, juez penal de niños, niñas y adolescentes de Paraná, brindó su visión especializada y fundamentada en el programa televisivo Apto para Todo Público.
“Todos los veranos parece ser el tema recurrente y venimos abordándolo, cada vez que se le endilga un hecho a una persona menor de edad, pobre, en situación de vulnerabilidad psicosocial que se presume que arremetió contra la vida de otra persona de clase media, inmediatamente de los medios de comunicación nacionales surge una estampida de noticias sobre la baja de edad de imputabilidad, ni hablar si estamos en un contexto electoral, en la cual una clase política para ganar horas de cámara y de televisión”, dijo el magistrado.
Pero aclaró que “en realidad estaríamos hablando de bajar la edad de punibilidad, es decir de la pena merecida y no de imputabilidad”.
También mencionó que “no se da el mismo tiempo ni espacio en los medios cuando las víctimas son menores de edad, que es el 99% de los casos”.
Babirotto sostuvo que “debemos preguntarnos con qué información contamos para pensar que se puede bajar la edad a los 13 años, sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal se puede decir cualquier cosa, y con eso colabora la falta de información”.
Consultado acerca de por qué no es necesario bajar la edad de punibilidad, respondió que “los delitos cometidos por personas menores de 18 años en el país no superan el 1% al 2%, por debajo de los 16 años es el 0,65%, es decir le intentamos dar a la sociedad una respuesta por el 1% y no se la damos por 99%”.
Además, fundamentó: “Estamos hablando de delitos graves, como homicidios en el cual Argentina tiene la tasa más baja sobre cada 100 mil habitantes en la región y la edad de punibilidad más alta, lo cual no es vergonzante, ni nada por el estilo, sino que habla del respeto a los derechos humanos”.
El juez también apeló a enunciados del derecho internacional: “aquellos países que tengan edad de punibilidad más alta no deben bajarla, este es un principio se llama ‘de no regresividad’, no se puede retroceder de instancias superiores en materia de derecho, la edad de punibilidad sería regresar a una instancia como la de la última dictadura”.
De la misma forma, analizó que “esta va a ser siempre una discusión cíclica hasta que bajemos la edad de punibilidad a 0, porque por más que lo bajemos a 15 o 14, habrá personas por debajo de esa edad y esa situación va a llevar a que si una persona menor se ve involucrada en un hecho grave pidan la baja”.
Barbirotto puso en contexto la situación y afirmó: “nuestro país en esta materia ha suscripto todos los tratados internacionales, desde ya la Convención de los Derechos del Niño es la más importante, en Argentina está incorporado en la Constitución Nacional, todas las experiencias indican que en los lugares donde se bajó la edad de punibilidad el delito no disminuyó, por el contrario aumentó”.
Se pronunció por solucionar “primero los problemas sociales de la niñez y la adolescencia”.
Distinguió una situación que se expone en muchas ocasiones en los medios de comunicación y en el imaginario social erróneamente: “se piensa que los menores de 18 años no tienen pena, y sí la tienen, incluso privativa de su libertad”.
Por último, indicó que “debemos imaginar una Justicia Penal como un sistema, es decir que trabaje articuladamente y coordinadamente con otros estamentos gubernamentales y con las organizaciones de la sociedad civil”.
