Fue a través de una denuncia que radicaron los abogados de la inmobiliaria Benuzzi. “Hace tiempo que el trabajo diario advierte que hay garantías sin relación con el solicitante del contrato”, sostuvieron los profesionales. Hay al menos 10 personas implicadas.
Un hombre de 65 años fue imputado como jefe de una asociación ilícita que otorgaba garantías falsas para que personas interesadas en alquilar casas o locales pudieran concretar la operación en distintas inmobiliarias de la ciudad de Santa Fe.
La atribución delictiva fue realizada por las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza en una audiencia realizada de forma remota a través de la aplicación Zoom ante el juez Sergio Carraro.
Las fiscales del Ministerio Público de la Acusación le atribuyeron al imputado la autoría del delito de asociación ilícita en calidad de jefe y de amenazas coactivas. Además, le endilgaron la coautoría de los delitos de estafa y tentativa de estafa, en concurso ideal con falsificación de documentos públicos y privados y uso de documentos públicos y privados.
Las funcionarias del MPA sostuvieron que “la persona imputada era el jefe de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada que venía operando desde julio de 2015”. Además, indicaron que “hay al menos otras 10 personas que eran miembros de esta asociación ilícita, quienes transitarán el proceso en libertad y serán imputadas en los próximos días”.
Por su parte, Hernán Guala, uno de los abogados de la firma Inmobiliaria Benuzzi, dijo en el programa televisivo Apto para Todo Público que “si bien hace un tiempo que el trabajo diario advierte que hay garantías sin relación con el solicitante del contrato, últimamente esta situación comenzó a repetirse, y advertimos que en algunos casos había recibos de sueldos o facturas de TV por cable que estaban adulteradas, por este motivo comenzamos a indagar”.
Agregó que “todo esto nos motivó a que actuemos más allá de rechazar la garantía, lo que se busca dentro de un contrato de locación no es sólo la solvencia, sino cierta relación entre las personas que figuran en el contrato”.
Por su parte, Ignacio Garrone, el otro abogado de la inmobiliaria, afirmó que el imputado “no sólo vendía garantías truchas, sino que falsificaba recibos de sueldos estatales, con una maniobra muy burda, porque cuando se empiezan a detectar esas operaciones, lo primero que se hizo fue buscar si las personas son aportantes a la Caja del Estado, y ninguno lo era, y el que lo fue, ya estaba jubilado”.
Al parecer, los delincuentes les “cobraban” a los interesados en sus “servicios” la suma de $6.000 por cada comprobante que le facilitaban.
“Estas personas vienen operando desde 2015, de manera sigilosa, porque no se repetía en la innumerable cantidad de contratos que hay diariamente, se repetían los nombres cada dos años, eso fue lo más complicado de rastrear”, dijo Garrone.
“El cabecilla cuando fue detenido el viernes pasado tenía una tarjeta en la cual constaban todas las operaciones que realizaba, garantías, hipotecas, incluso tenía una oficina en la zona céntrica, y por lo que pudimos averiguar es una persona muy conocida que otorgó avales en la zona de la peatonal, o sea es un tema grave”, finalizó.
