Se trata del Jorge Christe, quién accedió a ese beneficio. La abogada de la familia de la víctima y la fiscalía rechazaron la medida. Entienden que puede haber riesgo de fuga y entorpecimiento de investigación.
Jorge Julián Christe, detenido por el femicidio de Julieta Riera de 24 años, ocurrido el 30 de abril, fue beneficiado por la Justicia de Entre Ríos con la prisión domiciliaria.
Deberá usar una tobillera electrónica, como mecanismo de rastreo, y también deberá pagar la suma de $500 mil.
El acusado del femicidio accedió a esta morigeración de 60 días, tras la firma de Carolina Castagno, vocal de Juicios y Apelaciones 1 de Paraná.
Christe deberá pasar ese lapso de tiempo en el domicilio de su madre, quién se hará cargo de su custodia, la ex jueza en lo Civil y Comercial Ana María Stagnaro.
«No me han notificado de que se haya efectivizado la prisión domiciliaria, es decir, hasta ayer Christe continuaba en la Unidad Penal N° 1», dijo al programa Apto para Todo Público la dra. Corina Beisel, abogada querellante por el femicidio de Julieta Riera, en Paraná.
«Esta morigeración, a nuestro entender, fue otorgada de manera errónea, existe un riesgo alto de entorpecimiento de la investigación y de fuga, que no puede revertirse en una prisión domicialiaria», fundamentó la profesional del derecho.
«Debo aclarar que este beneficio fue recurrido por la fiscalía y yo lo presenté hoy, y notificaron de manera formal que el recurso del fiscal fue concedido, por lo que se elevará a la Cámara de Casación Penal para que que se revise nuevamente la prisión domiciliaria», anticipó.
«La prisión domiciliaria que contempla el Código Procesal Penal de Entre Ríos para las personas procesadas, como Christe, obedece a otros fines, la defensa no debe demostrar que el acusado no puede permanecer en el penal, sino que es la parte acusadora la que debe hacerlo», sostuvo Corina Beisel.
«El riesgo de que Christe se fugue existe, es una persona con muchos recursos económicos y contactos fuera y dentro del país, a pesar de no tener trabajo posee campos, y vive de la renta de los mismos, respecto del entorpecimiento de la investigación, destruyó dos celulares y no se pudieron peritar», sostuvo la abogada de la víctima.
«Hace falta que corra mucha agua bajo del puente para que los operadores judiciales puedan actuar con perspectiva de género», finalizó Beisel.
