El 27 de marzo se firmó un acta acuerdo para llevar adelante videoconferencias por medio de una plataforma. Juicios programados, audiencias de revisión de medidas cautelares, plazos de prisiones preventivas vencidos, libertad condicional, libertad asistida, entre otros, deben esperar.
La Justicia necesita seguir su dinámica de funcionamiento, aunque la pandemia se empeñe en marcar lo contrario.
Ese análisis se viene haciendo desde diferentes círculos judiciales, que aportan ideas y proyectos para que en este marco de emergencia, los trámites que deben retomarse, puedan llevarse adelante.
En este sentido, Néstor Oroño, reconocido abogado penalista de Santa Fe brindó algunas consideraciones al respecto, por medio de una nota telefónica con el programa Apto para Todo Público.
“Estamos en un parate, salvo algunas causas que excepcionalmente se tramitan, en los fueros civil y laboral, estamos de receso total, en el fuero penal con un altísimo porcentaje de causas paradas”.
En este último se está tratando de implementar un circuito de emergencia para tratar de dar trámite a personas detenidas en las que se tengan que tramitar cuestiones urgentes como libertades prisiones preventivas, según Oroño.
“El 27 de marzo se firmó una acta acuerdo entre el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio de la Defensa Pública, colegios de jueces y nosotros como abogados, para poder llevar a cabo un sistema de emergencia por videoconferencia a través de una plataforma”, mencionó el abogado.
También dijo que “no creo que esta situación dure sólo un par de semanas, por lo tanto habrá que idear algo que sea sustentable”.
Del mismo modo, indicó que “15 días en el fuero penal es muchísimo tiempo, había juicios programados, audiencias de revisión de medidas cautelares, plazos de prisiones preventivas vencidos, personas que están en condiciones de gozar los beneficios que instituye la ley de ejecución penal, libertad condicional, libertad asistida, salidas transitorias, cuestiones que si no se logra un sistema de funcionamiento de la Justicia, no puede haber ningún tipo de trámite”.
Oroño estimó que para poner en marcha esta infraestructura “deben acondicionarse salas para las videoconferencias, por lo que yo he podido averiguar no es difícil implementarlo, el problema se plantea con los detenidos en comisarías, donde sería mas difícil contar con un lugar”.
El profesional del derecho indicó que “nos llegan las quejas de los colegas que debieron cesar en su actividad, pero deben seguir afrontando costos como empleados, servicios, alquileres, créditos, obligaciones con los organismos previsionales, pero además son situaciones que tocan los derechos fundamentales de algunas personas porque en estas condiciones tener alojada una persona que podría estar en libertad, significa exponerla inútilmente, más allá de toda previsión legal a riesgos que no debe soportar”.
Por último, sostuvo que “si vamos a otros ámbitos también hay cuestiones importantes, por ejemplo los trabajadores despedidos que deben percibir sus indemnizaciones en cuotas”.
