La defensora General de la provincia explicó que la garantía de derechos forma parte del Constitución en relación con el mentado rechazo al “garantismo”. Se opuso a la idea de mano dura y ponderó la implementación del sistema acusatorio en Santa Fe.
En torno al delito y la inseguridad, suelen aparecer tensiones entre dos extremos, como son los conceptos de mano dura y el denominado garantismo, que alcanzan al propio gobierno nacional. Al respecto, la defensora General de la provincia, Jaquelina Balangione, opinó que “está probado que la mano dura no trae soluciones”. “Las verdaderas causas están en el fondo de las cosas que aplicar mano dura cuando el hecho ya sucedió. La Constitución es una sola y es el marco legal dentro del que se desarrolla el Estado de Derecho. Los jueces tienen que garantizar la constitucionalidad”, sostuvo en diálogo con ABC1 (que se emite este domingo, a las 23, por Somos Santa Fe y Somos Rafaela, y a las 21 por Somos Rosario).
Al respecto, explicó que la idea de garantismo “no es simpático o antipático, según la postura personal; para los jueces, los fiscales y los defensores es una obligación. Somos guardianes de la Constitución nacional y nuestra Constitución es de garantías individuales y colectivas”, enfatizó y advirtió sobre un “falso debate porque la sociedad no es experta en derecho y es muy importante el rol de los comunicadores, de los políticos y de los operadores del sistema jurídico”.
A instancias de la mayor cantidad de “cárceles hacinadas, mayor cantidad de gente presa y echar mucha mano a la prisión preventiva”, la funcionaria puso el acento en que, en los últimos meses, se incrementó en 800 detenidos la población de la cárcel de Piñero. “De 1460 que da el cupo administrativo, hoy hay 2023. Hay casi 700 presos de más”, ilustró.
Acerca de lo que ocurre en el Juzgado de Comodoro Py, donde convergen sendas causas que alcanzan al poder político, Balangione aseveró que “es un mundo totalmente aparte”. “La justicia santafesina no es la justicia de Comodoro Py que es federal. La justicia provincia, que es ordinaria, se ve haciendo eco de un clamor. Y hay una la triplicación de la tasa de homicidios en comparación con los años anteriores”, diferenció, mientras evaluó que es necesario “dejar trabajar al ministro (Marcelo) Sain”. “El programa que va mostrando está muy bueno, la cuestión comunicacional es otra cosa”, consideró. Y agregó: “Tenemos que confiar y dar la oportunidad. Este gobierno asumió hace tres meses. Un cambio en la estructura policial trae sus efectos”.
Con relación al narcotráfico, que es competencia de la justicia federal, la defensora comentó que el año pasado se llevó a cabo un trabajo de campo en la cárcel de Coronda en consonancia con el monitoreo de encierro. Sobre 158 relatos (corroborados con sus causas federales), un 60% se encuentra en prisión por tenencia para consumo. “Se aprensan personas que después se demuestra que no se conocen entre sí, los tienen bastante tiempo con prisión preventiva. Entonces, cuando se les ofrece el juicio abreviado firman porque ya están a punto de salir”, explicó. Sobre el mismo panorama, subrayó que “los internos sufren un doble pesar porque están amontonados en Piñero y en Coronda, y los presos federales no son todos de la zona”.
Balangione, al mismo tiempo, se refirió al anuncio de la creación de nuevas dependencias federales por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su mensaje a la Asamblea Legislativa, el pasado domingo. “La implementación del sistema acusatorio a nivel federal le da más poder a los fiscales –expuso–, siendo el juez un tercero imparcial. Que se implemente en Santa Fe me parece fantástico”, a sabiendas del sistema provincial, “más moderno”, con el federal, “más anticuado”. La nueva medida “vendría a nivelar el tipo de proceso que se aplica a todo tipo de delito en la provincia de Santa Fe”, fundamentalmente en virtud de la narcocriminalidad y los delitos conexos.
Ahora bien, remarcó de modo tajante que “la justicia actúa después que sucedieron los hechos”, es decir, no previene. No obstante, “si tenemos un sistema bien armado, con una defensa pública muy fuerte y una defensa civil se obra como preventivo a partir del acceso a los derechos para las personas que viven en los sectores mayor vulnerabilidad social; esto puede ser traer un efecto preventivo”, destacó finalmente.
