En conferencia de prensa, el gobernador anunció que por ahora la norma que habilitaba el uso de sustancias contaminantes para separar metales, no será reglamentada. Desde los espacios movilizados todavía hay reticencia y descreen del gesto.
Mendoza está movilizada y en defensa del agua. La causa trascendió las fronteras de la provincia y se transformó en una consigna nacional: el agua no se toca.
Después de las masivas marchas contra la reforma de la «Ley Antiminera 7722», con fuerte represión de la policía a los manifestantes, se logró el primer objetivo: la suspensión de la nueva norma. La letra habilitaba la utilización de sustancias tóxicas, como el cianuro.
De este modo, el gobernador radical mendocino, Rodolfo Suarez, decidió dar marcha atrás y confirmó en conferencia de prensa que frenará la reglamentación de la controversial ley 9.209.
Así será “hasta que se realice un debate serio y profundo y se arribe al consenso social«, según dijo.
Desde las asambleas de Mendoza que encabezan las acciones contra la modificación de la Ley 7722 continúa el alerta: suspender la reglamentación no significa que será derogada, sostienen.
Desde los diferentes espacios que se movilizaron y por ahora frenaron la aplicación de la norma dicen que “la no reglamentación no implica que la reforma de la ley no siga en vigencia, es sólo una medida para calmar las aguas y desmobilizar”.
Ante la conferencia de prensa de Suárez, desde las asambleas aducen que “si en verdad hubiera decisión política, se anularían las modificaciones a la ley que permiten el uso de cianuro, ya que la reglamentación se puede hacer en cualquier momento, tomando desprevenido al pueblo”.
En las modificaciones de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la Ley 7.722 sustancialmente se habilita la utilización de cianuro y de ácido sulfúrico.
Esta situación permite separar los metales extraídos de la roca, habilitando la minería metalífera a cielo abierto, mientras que se mantiene la prohibición del uso del mercurio.
