El abogado analizó el devenir del sistema judicial penal en la provincia, sus virtudes y deficiencias. También se refirió a la demanda social a raíz de la inseguridad y opinó que “habrá un realineamiento de los jueces con el nuevo gobierno nacional”.
Desde que el 10 de febrero de 2014 comenzó a regir el nuevo sistema judicial en materia penal, varias fueron las idas y vueltas en torno a la reforma que, desde la mirada del especialista Néstor Oroño “era necesaria”. “Era un imperativo constitucional y todos los operadores del sistema estuvimos de acuerdo. Quizás hubo fallas en la implementación y, luego pagar el costo de pasar del Código más vetusto de Sudamérica a un sistema de avanzada”, evaluó el letrado en su paso por Ciudadanos (que se emite este domingo, a las 20, por Somos Santa Fe, Somos Rafaela y Somos Rosario).
Y agregó: “Eso requería mayor preparación y mayores recursos que no estaban todos disponibles al momento de entrar en vigencia. El fenómeno del delito no se acomoda a las posibilidades del sistema, sino que lo vivimos como una constante que a todos nos afecta. Entonces, el sistema no empezó preparado de la mejor manera”, remarcó y observó que “todavía falta el abordaje de numerosos casos en los que se nota la insuficiencia del sistema para dar respuesta” y aludió a los delitos culposos y a los económicos.
Ante los reclamos de justicia de parte de la sociedad civil habida cuenta de la reiteración de casos de inseguridad, el abogado penalista analizó que la demanda es al Estado. “El Estado, en su conjunto, tiene que tomar nota. El preámbulo de la Constitución indica como objetivo afianzar la justicia. Es un deber irrenunciable que tiene el Estado en cualquiera de sus niveles. Tienen que ser políticas de Estado”, esgrimió.
Por otra parte, planteó una crítica con relación al nuevo sistema procesal penal que “en algunos casos fue tomado como agencia de empleo, aprovechando para que ingrese gente identificada con estamentos políticos, partidarios o de instituciones. Eso desnaturalizó lo que hubiera sido una implementación más adecuada y que hubiese permitido un mejor funcionamiento”. En tanto, objetó: “Veo un inmenso aparato burocrático: la Fiscalía General (la cúpula del MPA). No se sabe muy bien qué devuelve al sistema toda esa gama de recursos que consume”.
Desde la mirada de Oroño se trata de “cosas a corregir para que pueda mejorar el funcionamiento del sistema” en función de la teoría de “la sábana corta” en referencia a la falta de recursos en sectores y la carencia en otros. Y aclaró: “No defiendo el antiguo sistema. Al contrario, procuré que se supere. Sabíamos que este sistema es el que necesitábamos, pero hay que corregir algunos aspectos de su funcionamiento porque la sociedad, con razón, demanda justicia. Al lado de la justicia, está el problema de la inseguridad”. En ese orden, distinguió que se trata de problema diferentes, pero “están hermanados”. “Cuando hay impunidad crece la inseguridad como fenómeno tangible”.
Por otra parte, el letrado fue tajante al decir que en Santa Fe no funciona el Consejo de la Magistratura. “Hay que institucionalizar un Consejo de la Magistratura en serio –consignó– y no una caricatura, en la que cada Poder Ejecutivo instaura por decreto el perfil de jueces o fiscales que pretende”. Al respecto, opinó: “La Constitución no prohíbe que haya un Consejo de la Magistratura”.
En el plano nacional, Oroño fue consultado sobre la relación del Poder Judicial y el nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre. “El problema de la politización de la Justicia es muy antiguo y es muy comprobable en el fuero federal. Creo que habrá un realineamiento de los jueces con el nuevo gobierno. No tengo dudas”, sentenció. “A un país como Argentina, ¿le interesa una justicia independiente? No. Y no es culpa solo de los jueces, es culpa de la ciudadanía, de los políticos. La inseguridad jurídica –ilustró– es para el hombre que trabajó toda su vida y el Estado no le paga una jubilación, le paga una limosna”.
