Entre otras medidas, se dispone la desvinculación de empleados públicos contratados vía universidades y una reducción de los bonos salariales.
Hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto 632/2018 que pone en marcha el plan de “control de gastos” por parte del gobierno nacional. En paralelo, el equipo del presidente Mauricio Macri debate medidas de mayor impacto con la intención de frenar el déficit.
En concreto, la nueva normativa dispone la desvinculación de empleados públicos contratados vía universidades y una reducción de los bonos salariales, además de recortes en viáticos, viajes y en la flota de vehículos oficiales.
Acorde a lo informado por el matutino La Nación, este decreto le da forma al ajuste anunciado semanas atrás por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y su par de Modernización, Andrés Ibarra. Éste último está a cargo de controlar las medidas adoptadas para generar un ahorro de unos $20.000 millones por año.
El texto conocido este martes, “la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido el personal civil de las citadas fuerzas, no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019″.
Se autorizan las siguientes excepciones: concursos en marcha, casos de movilidad interna, cargos habilitados por la Ley de Presupuesto y los puestos «de criticidad profesional o técnica con riesgo operativo», siempre que se agoten primero las búsquedas internas dentro del personal del Estado.
A partir de enero del año próximo quedarán sin efecto todos los convenios de servicio de asistencia técnica y «ya no se podrán celebrar nuevos convenios». Esta modalidad es la que le permitió al Gobierno contratar personal de forma tercerizada a través de universidades públicas. Son empleados que están incorporados a la administración pública desde hace años, aunque con contratos precarios que ahora se verán interrumpidos. En la actualidad hay cerca de 6000 empleados bajo ese sistema y al menos 3000 serían despedidos cuando finalicen estos convenios.
También se apunta a terminar con «bonificaciones, premios, incentivos o suplementos» al sueldo de los empleados públicos. Los ministerios deberán informar los casos existentes «para que una comisión técnica asesora de política salarial del sector público se expida sobre la legalidad, pertinencia y continuidad» de esos plus salariales, que muchas veces complementan los haberes de los agentes estatales. Además, quedarán suspendidos los pagos extra al menos hasta diciembre de 2019.
Respecto a los viajes la solución será, directamente, recortar parte del presupuesto destinado a viajes oficiales. El plan es que los ministerios disminuyan el 30% en sus erogaciones para pasajes, comidas, gastos de movilidad y viáticos.
En el caso de viajes al exterior los ministerios deberán hacer una previsión para el segundo semestre con una disminución del 30% de los gastos. Los pasajes en clase ejecutiva, en tanto, estarán reservados para ministros y secretarios en casos de vuelos de más de ocho horas. Además, las dependencias deberán informar al Ministerio de Modernización cuáles fueron sus gastos en movilidad y viáticos durante el primer semestre de 2018 y remitir una planificación para el segundo tramo del año con una baja del 30 %.
El Gobierno dispondrá que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) haga un relevamiento de los vehículos existentes en el lapso de 30 días con un informe que indique la «flota óptima» para cada dependencia estatal y la decisión de enajenar los autos que sobrepasen esa cantidad. Se suspenderán las adquisiciones de vehículos y los contratos de leasing que están en trámite.
En 90 días, en tanto, la Jefatura de Gabinete deberá revisar las estructuras de los entes descentralizados o desconcentrados, que tienen otra modalidad habitual de contratación por fuera de las plantas permanentes y temporarias del Estado.
Las empresas y sociedades del Estado deberán informar al Ministerio de Modernización y a la Jefatura de Gabinete «la estructura orgánico funcional, el régimen de empleo y contratación de servicios y la planificación de gastos de personal para 2019». En este rubro, el recorte de personal ya se hizo sentir: la semana pasada la agencia Télam despidió a 354 empleados, aproximadamente el 40% de su planta.
El decreto determinará que en caso de que los directores de Estado que ejercen otras funciones públicas deberán optar por percibir uno de sus salarios.
El gobierno invitará al «Poder Judicial de la Nación, al Poder Legislativo Nacional, a las provincias y a la ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas similares a las establecidas en el decreto».
