Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Valentín Hereñú y las fiscales Georgina Díaz y Alejandra Del Río Ayala en una audiencia que comenzó minutos después del mediodía de ayer y finalizó luego de las 22:00 en los tribunales reconquistenses. Además, a los cuatro profesionales se les endilgó ser autores mediatos del delito de falso testimonio, a dos de ellos también se les atribuyó el delito de encubrimiento, y a otro se le imputó la tenencia ilegal de armas de fuego. La investigación se inició en el marco de un juicio en el que uno de los profesionales del Derecho está acusado de abusar sexualmente de la hija de la mujer amenazada.
Cuatro abogados fueron imputados en el marco de una investigación penal por amenazas coactivas y falso testimonio cometidos en el marco de un juicio oral que se está desarrollando en Reconquista, y en el que uno de esos profesionales del Derecho está acusado de cometer delitos contra la integridad sexual en perjuicio de la hija menor de edad de la mujer amenazada.
Los imputados son Ricardo Degoumois (padre); Ricardo Degoumois (hijo); Andrés Ghio y Daniel Barale.
Las atribuciones delictivas fueron realizadas ante el juez Gustavo Basualdo por el fiscal Valentín Hereñú y las fiscales Georgina Díaz y Alejandra Del Río Ayala, en una audiencia que comenzó pasado el mediodía de ayer y finalizó luego de las 22:00 en los tribunales reconquistenses.
La investigación se inició a partir del testimonio que brindó la madre de la víctima de abuso sexual en el marco del juicio oral. “En su declaración, la mujer dio detalles de las amenazas que sufrió por parte de los cuatro imputados. Puntualizó que le hicieron decir en el juicio información falsa que ya habían incluido en una declaración previa que la obligaron a firmar bajo presión”, señalaron los fiscales.
Amenazas y falso testimonio
Hereñú, Díaz y Del Río Ayala refirieron que «entre septiembre y noviembre de este año, ante el comienzo del juicio oral, los cuatro imputados generaron numerosos encuentros presenciales con la madre de la víctima».
“Los cuatro abogados conocían la situación de vulnerabilidad de la mujer y se aprovecharon de ello. También sabían del vínculo de parentesco y cercanía afectiva de ella con un hombre imputado en otra causa penal, quien es defendido por los letrados investigados”, detallaron.
Los representantes del MPA explicaron que “para la primera reunión que concretaron con la madre de la víctima, una clienta de Degoumois –bajo órdenes de los cuatro imputados– se contactó con la mujer, coordinó el encuentro y la llevó hasta el lugar”.
“Al llegar, le mostraron a la mujer evidencias que utilizarían en el juicio oral y con la que le dijeron que atacarían la dignidad y el honor de su hija”, relataron los fiscales y sostuvieron que “tenían como objetivo que la mujer cambie la abogada que había elegido, y designe un profesional de confianza de los imputados”.
“Además, le dijeron que si ella lograba influir sobre su hija para que desista de sus acusaciones, le comprarían una moto y le entregarían dinero”, remarcaron los fiscales del MPA.
Por otra parte, los fiscales informaron que “en tres oportunidades, le entregaron dinero a la mujer, la primera de ellas a través de la persona que coordinó los encuentros, y la segunda y tercera a través de uno de los abogados imputados”.
Declaración con contenido falso
Hereñú, Díaz y Del Río Ayala indicaron que «en uno de los encuentros, obligaron a la madre de la víctima a firmar una declaración con falso contenido, para luego utilizarla como declaración previa en el juicio», y subrayaron que «todo esto se dio en un contexto intimidatorio mientras la mujer era filmada suscribiendo el documento».
“En la audiencia del juicio realizada el jueves 5 de diciembre, el acusado de delitos sexuales utilizó la declaración previa mientras ejercía su propia defensa técnica”, recordaron los fiscales y añadieron que “en ese acto, el documento quedó incorporado al proceso, y a partir de dicha instancia se generó el peligro concreto de que las falsas declaraciones contenidas en el mismo indujesen a error a la Fiscalía y al tribunal del juicio”.
“Los abogados imputados lograron el objetivo que se habían fijado en el marco del plan criminal, es decir, que la madre de la víctima y testigo del juicio –que estaba declarando bajo juramento–, admitiese como verdaderas las afirmaciones falsas contenidas en el documento, todo a partir del temor en ella provocado, lo que le impidió el libre desarrollo de sus actos”, argumentaron los fiscales.
Armas
En relación al imputado Ghio, los fiscales agregaron que «en el marco de un allanamiento en su casa, se encontraron dos escopetas, una carabina y una pistola calibre 9 milímetros, las cuales eran aptas para efectuar disparos, y de las cuales no tenía la debida autorización legal”.
Delitos
Los cuatro abogados fueron imputados como coautores de los delitos de amenazas coactivas y falso testimonio (en calidad de autores mediatos).
Por su parte, a Barale y Ghio también se los investiga por el delito de encubrimiento.
A su vez, Ghio fue imputado por el delito de tenencia de arma de guerra y tenencia de arma civil.
Medidas cautelares
Los representantes del MPA confirmaron que “desde la Fiscalía solicitamos que los cuatro imputados queden en prisión preventiva” e indicaron que “el juez consideró suficientes las evidencias presentadas para sostener la materialidad y la autoría de los hechos imputados; dijo que son correctas las calificaciones penales escogidas por la Fiscalía y también sostuvo que están presentes tanto la posibilidad de entorpecimiento probatorio, como el peligro de fuga”.
“Sin embargo, el magistrado evaluó que los riesgos procesales podían neutralizarse con medidas menos gravosas que la prisión preventiva, y por eso dispuso una cantidad importante de normas de conducta”, especificaron los fiscales.
Entre las normas de conducta ordenadas por el magistrado, se les impuso a los cuatro imputados una prohibición de contacto total y absoluta, y por cualquier medio, con la víctima y con testigos; prohibición absoluta de acercarse al puerto de Reconquista y prohibición de salir de la provincia y del país. Además, deberán presentarse dos veces por semana en el MPA y se estableció una fianza de 20 millones de pesos para cada uno.
Juicio oral, el jueves
En relación al juicio oral que se venía desarrollando, el tribunal dispuso la suspensión. A raíz de esa decisión, los fiscales Hereñú, Díaz y Del Río Ayala pidieron a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Reconquista que el debate oral se reinicie de forma inmediata.
“Es de suma importancia que se reanude el juicio oral, de conformidad al principio de celeridad y a las obligaciones internacionalmente asumidas, en tanto al tratarse de un caso de violencia sexual contra una adolescente, conforme los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), convierten al caso en prioritario en orden a la celebración de audiencias que permitan el avance del proceso”, solicitaron en el escrito.
Luego de la presentación que hizo la Fiscalía, la OGJ notificó a las partes que el debate se reanudará el jueves a las 8 de la mañana.
