En una semana cargada de movilizaciones, marchas y debates sobre la educación pública, entrevistamos a Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE, para profundizar sobre el actual conflicto que atraviesa el sector educativo tanto en la provincia de Santa Fe como a nivel nacional.
Alonso destacó la preocupación generalizada en la comunidad educativa frente a las decisiones del gobierno nacional, como la amenaza de veto a la Ley de Financiamiento Educativo, y la falta de envío de fondos necesarios para sostener el sistema educativo público. El dirigente gremial argumenta que estas medidas representan una amenaza para la educación pública y gratuita, empujando hacia su mercantilización.
Una lucha por la educación como derecho social
El sindicalista señaló que la movilización universitaria no es solo una manifestación gremial, sino una lucha en defensa de un derecho social: la educación pública. «Lo que está en discusión es si la educación es un derecho o un servicio que se puede vender y comprar», afirma, señalando que lo que está en juego es el carácter público, gratuito y de calidad de la educación en Argentina.
Además, criticó duramente la posición del gobierno nacional, al que acusa de no enviar los fondos necesarios para programas esenciales como la infraestructura escolar, el refuerzo nutricional y el incentivo docente. La situación también repercute en las provincias, y en Santa Fe, el conflicto docente se agrava por políticas que Alonso definió como «ajuste» por parte del gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro.
Políticas de ajuste en Santa Fe: el caso de la Caja de Jubilaciones
En la provincia de Santa Fe, el gobierno implementó una polémica reforma en el régimen jubilatorio de los agentes estatales, lo que según Alonso ha generado una disminución real en los salarios de los docentes. «Los docentes estamos siendo extorsionados por el presentismo, que nos obliga a ir a trabajar enfermos, y se nos descuenta los días de paro. Además, se ha modificado el régimen jubilatorio afectando directamente a nuestros ingresos», puntualizó.
Alonso también critica que el discurso gubernamental se centre en deslegitimar las acciones del gremio y de los docentes, acusándolos de generar conflicto, cuando en realidad, según el dirigente, «el enemigo del gobierno deberían ser los grandes grupos económicos que no están aportando lo que corresponde, y no los maestros».
En relación con el presupuesto provincial, Alonso expresó gran preocupación por la falta de inversión en aspectos fundamentales como el comedor escolar, la infraestructura educativa y el salario docente, que ha perdido significativamente poder adquisitivo. «El presupuesto para la educación debe ser una prioridad, no una variable de ajuste», destaca, añadiendo que la situación en Santa Fe recuerda a la década de los 90, cuando se aplicaron políticas de recorte similares.
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