En diálogo con el programa Ciudadanos, el abogado previsional Eduardo Cóceres analizó el impacto y las implicancias de la reciente reforma previsional en la provincia de Santa Fe, destacando la necesidad de ajustes pero cuestionando las medidas adoptadas.

El debate sobre la reforma previsional en Santa Fe ha generado intensas discusiones en diversos sectores. El abogado previsional Eduardo Cóceres, con más de 50 años de experiencia en la materia, ha sido una voz crítica en este proceso. Para él, aunque es indudable que se requiere una reforma, la forma en que se está ejecutando no es la adecuada. «Hace 15 o 20 años que venimos pidiendo una reforma, pero esta no es la manera correcta», afirma Cóceres, en relación con la reciente declaración de emergencia previsional.

Uno de los puntos más controvertidos, según Cóceres, es el creciente déficit de la Caja de Jubilaciones, que alcanzaría los 400.000 millones de pesos en 2024. «Es alarmante que 3,3 millones de personas estén financiando un sistema que beneficia solo a 100.000 jubilados», subraya. Para él, el problema radica en que el sistema actual está siendo sostenido por quienes nunca se beneficiarán de él, generando una profunda inequidad social.

La cuestión de la edad jubilatoria también es central en este debate. El especialista sostiene que el régimen especial para los docentes debería eliminarse y que todos deberían regirse por el régimen general. «La expectativa de vida ha cambiado radicalmente desde que se establecieron los 60 y 65 años como edades jubilatorias. En 1904, la expectativa de vida era de 40 años, mientras que hoy supera los 80 años», explica, sugiriendo que es hora de actualizar el sistema a las nuevas realidades demográficas.

Sin embargo, el ex director de la Caja, es particularmente crítico con la declaración de emergencia previsional. «Esa fue una sorpresa total. No se había discutido ni mencionado antes. La emergencia es una herramienta peligrosa, que otorga al Estado un poder excesivo para actuar libremente, y podría tener graves consecuencias para los jubilados», advierte. Para el abogado, el concepto de emergencia abre la puerta a recortes en derechos adquiridos y a medidas que podrían afectar negativamente a quienes ya están jubilados o en proceso de retiro.

Finalmente, Cóceres destaca la importancia de hacer una reforma justa y equitativa, pero sin sacrificar los derechos de los trabajadores jubilados. «Es necesario ajustar los aportes y buscar soluciones sostenibles, pero no a costa de los jubilados, que ya han hecho su contribución al sistema. Esta reforma debe repensarse para evitar injusticias y garantizar la seguridad social para todos», concluye.

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