En diálogo con el programa de televisión ATP, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, expresó sus preocupaciones sobre la reforma previsional presentada por el Ejecutivo provincial.
El legislador justicialista destacó que el proyecto, que fue introducido la semana pasada, ha sido sometido a una evaluación rápida, sin dar tiempo suficiente para un análisis profundo ni para que los representantes gremiales, trabajadores y jubilados puedan expresar sus opiniones.
“El Ejecutivo se tomó casi un mes para presentar el proyecto, y nosotros debemos aprobarlo en solo 7 días”, criticó Calvo, quien enfatizó la necesidad de un análisis más exhaustivo. “Se están tocando intereses económicos muy concretos, y no podemos aprobar algo de esta magnitud sin un debate adecuado”.
También expresó su preocupación por los aportes voluntarios que tendrían que realizar los jubilados y pasivos. “Estamos hablando de porcentajes que van del 2% al 6%, más un aporte voluntario del 20% del nuevo haber jubilatorio, que se suma al impuesto a las ganancias”, señaló. “Le estamos restando una parte importante de su salario a personas que ya están jubiladas, y eso es algo que no puedo apoyar”.
Respecto a las declaraciones del gobernador, quien afirmó que “se le van a terminar los privilegios a los jueces y al poder judicial”, Calvo consideró que se está abordando la reforma de manera injusta y generalizada. “No podemos meter a todos en la misma bolsa. Mientras que algunos sectores pueden tener privilegios, otros, como los trabajadores judiciales, no deberían ser castigados de la misma manera”.
Finalmente, fue claro al definir el carácter de la reforma: “Esta es una reforma de ajuste, no tengo duda. Como justicialistas, siempre hemos hablado de modificaciones normativas, pero nunca de una reforma ni de un ajuste de estas características. No compartimos esta visión de ajuste, especialmente cuando el déficit de la caja previsional ha ido disminuyendo en los últimos años”.
Con una sesión clave programada para el jueves, el senador dejó en claro su postura: aunque respeta el proceso democrático, considera que la propuesta actual requiere un debate más inclusivo y detallado antes de ser aprobada.
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