Un cargamento récord de más de 4.000 kg de cocaína fue detectado en Paraguay dentro de un cargamento de azúcar que iba a transitar por la hidrovía del Paraná. Este hallazgo pone en evidencia el rol de los puertos privados en el narcotráfico y resalta la falta de control estatal sobre estas rutas clave. Dialogamos sobre el tema con el diputado, y periodista, quien hace años sigue de cerca el control de la hidrovía.
En un puerto cercano a Asunción, Paraguay, se descubrió el cargamento más grande de cocaína oculto dentro de 78 toneladas de azúcar. Esta droga estaba destinada a pasar por la hidrovía del Paraná, cruzando 3.400 km, de los cuales 700 pertenecen a la provincia de Santa Fe. Según Carlos del Frade, diputado provincial, este descubrimiento repite un patrón histórico donde la cocaína se infiltra en cargamentos legales, mostrando que el tráfico de drogas sigue siendo un negocio «dulce» para unos pocos.
El caso resalta la falta de control en los puertos privados de Santa Fe, que funcionan como un «tercer estado», operando sin supervisión adecuada de las autoridades provinciales y nacionales. Del Frade señala que estas grandes exportadoras son supranacionales e intocables, lo que les permite entrar y sacar lo que quieran de la provincia. Además, su capacidad económica supera la de las fuerzas de seguridad locales, facilitando su influencia y complicidad en las operaciones ilícitas.
Este descubrimiento también subraya la creciente conexión entre bandas locales y organizaciones criminales internacionales, como el Primer Comando Capital, que operan en toda Latinoamérica. El legislador del Frente por la Soberanía advierte que la situación es particularmente grave en pequeñas comunidades, donde las instituciones de seguridad están rebasadas por el poder económico de estas organizaciones. Sin embargo, insiste en que aún hay tiempo para fortalecer el control y la fiscalización antes de que sea demasiado tarde.
Para Del Frade, el problema radica en una resignación estatal al poder económico de estos grupos, lo que se traduce en complicidad y permite que estas organizaciones prosperen. La solución, argumenta, no reside únicamente en empoderar a la policía, sino en fortalecer la fiscalización y el control estatal para combatir el lavado de dinero y el tráfico de drogas que afectan a toda la región.
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