Así lo afirmó el inspector general de Justicia en el marco de las 1as. Jornadas de Derecho Civil y Comercial.
El pasado martes 2 de julio, el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, disertó sobre “Las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas) en el derecho argentino actual: posibilidades y limitaciones”, ante académicos y profesionales que asistieron a las jornadas en forma presencial y también a distancia por medio de plataforma Zoom. El evento se llevó a cabo en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, a cargo de la organización del mismo.
En el curso de su conferencia, Vítolo analizó los antecedentes históricos referidos a las estructuras societarias de carácter simplificado, destinadas a emprendedores, pequeñas y medianas empresas, destacando las ventajas comparativas de las mismas y mencionando las experiencias habidas en el Derecho Comparado en lugares como Italia, Francia, España, el Reino Unido, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Hong Kong y Singapur, entre otros. Ello, sin dejar de mencionar la Ley Modelo de OEA recomendada por Naciones Unidas para que resulte adoptada por los países de Latinoamérica, así como otras iniciativas existente en este campo. Asimismo, el inspector general calificó a las SAS como “el primer prototipo transicional del cambio”.
En lo conceptual, y frente a la necesidad de generar nuevas formas de organización societaria para encarar el desafío organizacional que presenta la Cuarta Revolución Industrial, Vítolo destacó que resulta necesario repensar los modelos societarios para el siglo XXI y que el Derecho debe acompañar, necesariamente, el cambio. Para Vítolo “este acompañamiento no puede ser sino, desde una concepción flexible y no dogmática de las estructuras societarias, donde se acepte la innovación, las nuevas tecnologías, los nuevos y sorprendentes negocios, se respete ampliamente la autonomía de la voluntad, se acepte la diferenciación de diversos sujetos y estatutos legales conforme a los distintos modelos y envergadura de las empresas, y se avance, quizás, en una suerte de descentralización de la ley societaria hacia su complementación por diversas leyes especiales regulando realidades diferentes y dando respuestas a cambiantes necesidades”.
Del mismo modo, “cualquier avance en este campo no podrá soslayar lo relativo a la responsabilidad social empresaria, y el compromiso de las empresas con su entorno, persiguiendo, además del desarrollo de su propia actividad, un propósito; algo que parece haberse manifestado en este nuevo tiempo con intenciones de permanencia”, enfatizó el inspector general.
