El Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Sergio Basile, destaca la importancia de las auditorías y la transparencia en la gestión de recursos destinados a instituciones y programas alimentarios de la provincia.
En una reciente entrevista en el programa de televisión Apto Para Todo Público, Sergio Basile, Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, subrayó la importancia de las auditorías que se están llevando a cabo para garantizar una gestión ordenada y transparente de los recursos destinados a instituciones y programas alimentarios. «Estamos intentando acelerar el proceso de auditoría para tener una gestión ordenada y que las instituciones puedan vincularse con el gobierno de la mejor manera», afirmó Basile.
Según Basile, las auditorías han revelado una serie de irregularidades en varias instituciones conveniadas con la provincia. «De las casi 900 instituciones, ya auditamos el 60%, y de esas, casi la mitad presenta irregularidades», explicó. Algunas de estas irregularidades incluyen falta de rendición de cuentas y la existencia de instituciones ficticias que recibían recursos sin cumplir con los requisitos establecidos.
La política alimentaria en Santa Fe ha visto un aumento significativo en sus partidas presupuestarias, con un incremento promedio de más del 80%. Basile destacó: «Hemos atendido emergencias hídricas y situaciones excepcionales con una distribución eficaz de alimentos, asegurando trazabilidad y transparencia en las compras». Además, la provincia ha desarrollado programas como la tarjeta única ciudadana y tarjetas institucionales para asegurar que los recursos lleguen directamente a quienes más los necesitan.
El funcionario también hizo hincapié en la importancia de la transparencia y la justicia en la gestión de los recursos públicos. «Esperamos que la justicia haga lo mismo para alcanzar una situación de transparencia con los recursos que son de todos», señaló. El objetivo es que los recursos destinados a la política alimentaria lleguen a las manos de quienes realmente los necesitan, evitando el fraude y asegurando que las instituciones cumplan con su misión de apoyar a las comunidades más vulnerables.
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