La diputada provicial, Lucila de Ponti, habló de la situación económica del país y el aumento de las ollas populares. La legisladora reconoció la labor de los movimientos y le respondió a quienes critican «hay una tendencia a demonizar a las organizaciones sociales».

En diálogo con el programa de televisión Apto Para Todo Público, la diputada provincial, Lucila de Ponti, se pronunció sobre la situación actual de la pobreza en Argentina y el papel de la dirigencia política. De Ponti subrayó la importancia del Movimiento Evita y otros movimientos sociales en la contención de las crisis sociales y económicas, especialmente en los barrios más vulnerables del país.

«Hay un problema con la dirigencia política en Argentina que es no querer hacerse cargo de la pobreza. Todo el mundo señala que hay un 50% de pobreza, lo dice la UCA, lo dice el INDEC, todo el mundo se escandaliza, pero las políticas y los proyectos políticos para resolver esa situación de pobreza no aparecen», afirmó De Ponti. La diputada destacó que, a pesar de la demonización que sufren los movimientos sociales, su tarea solidaria y compromiso en los barrios son esenciales donde el Estado no llega.

Por otro lado, De Ponti criticó las recientes reducciones en las políticas de asistencia alimentaria por parte del gobierno nacional. «Lo que vemos hoy es que la situación en los barrios respecto de la alimentación es muy crítica. Los movimientos sociales tienen menos capacidad para acompañar porque no hay un respaldo por parte del Estado para consolidar las tareas que se llevan adelante», explicó. La diputada instó al Estado a asumir un rol más activo y a apoyar estas organizaciones en lugar de retirarse.

En cuanto a las críticas de figuras políticas como Cristina Kirchner hacia los movimientos sociales, De Ponti manifestó que «hay desconocimiento en esa afirmación. La dirigencia política en general no termina de hacerse cargo. Les gusta relatar la pobreza, hablar de los indicadores, pero no conocen realmente lo que sucede». Aseguró que si el Estado nacional quiere hacerse cargo de las tareas que realizan los movimientos sociales, tiene las puertas abiertas para hacerlo, pero enfatizó que deben sostener esos espacios.

Finalmente, al abordar la cuestión de la privatización de servicios públicos como el agua potable y el saneamiento, De Ponti expresó su preocupación: «Me parece que sería un retroceso volver a un esquema de privatización y me preocupa. La experiencia de la privatización en los 90 no fue buena, y por eso la empresa volvió a estar bajo control del Estado. Los servicios públicos garantizan derechos y deben ser manejados de manera que se priorice el bienestar de la comunidad sobre la ganancia».

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