Todos los comités para la prevención de la tortura del país se reunieron la semana pasada en Santa Fe para analizar la situación actual de las personas privadas de la libertad. Rodrigo Solá, presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de Salta, dialogó con el programa de televisión ABC1 y brindó detalles acerca de las conclusiones del encuentro y la situación de las cárceles en Santa Fe.
La situación carcelaria en Santa Fe es el eje central del gobierno de Maximiliano Pullaro. Desde su asunción, las primeras medidas fueron destinadas a controlar las unidades penitenciarias y la calle. El crimen organizado se apoderó de la provincia, particularmente de la ciudad de Rosario, y el nuevo gobierno de Unidos decidió tomar riendas en el asunto. Una de las imágenes más impactantes fue la requisa de presos y posterior trasladado a través del «método Bukele». A partir de allí, muchos organismos de derechos humanos pusieron énfasis en posibles torturas a presos.
En el país existen Comités para la prevención de la tortura de personas privadas de su libertad. La semana pasada se realizó un consejo federal con representantes de todas las provincias para abordar la problemática de las cárceles y establecer líneas de trabajo acerca de: educación en contexto de encierro, impacto de la desfederalización de la ley de estupefacientes, cárceles de gestión privada o mixta, acceso a la salud y alimentación adecuada, códigos de faltas y contravenciones aún vigentes, entre otros temas.
Luego del encuentro, Rodrigo Solá, presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de Salta, dialogó con el programa de televisión ABC1 y brindó detalles acerca de las conclusiones de la convención. En primer lugar, sostuvo que son 10 las provincias que tienen deuda con la conformación de un comité para seguir estos casos de tortura de cerca, una de ellas es la provincia de Santa Fe.
Al ser consultado sobre el panorama carcelario de la provincia, Solá sostuvo que La Bota fue tema de debate en el Consejo y manifestó:
«Hay muchas cuestiones que se repiten a nivel nacional, como el hacinamiento y la sobrepoblación, que repercuten en el acceso a derechos básicos como la alimentación, la salud, la educación, y la resocialización. Santa Fe tiene la particularidad de que el crimen organizado también está presente dentro de las cárceles, lo cual requiere una atención y abordaje especial. Aunque hay casos de crimen organizado en otras provincias, las proporciones en Rosario son mayores. Participamos en encuentros en Paraguay, Ecuador y otros países donde las cárceles o pabellones están controlados por el crimen organizado. Es crucial prevenir que esto ocurra en Argentina, pero requiere un abordaje especial».
Situación de Salta:
«Necesitamos servicios penitenciarios técnicos y profesionales que funcionen correctamente. En Salta, por ejemplo, tenemos un 41% de sobrepoblación según los datos oficiales, pero cuando medimos de acuerdo a estándares internacionales, asciende al 150% y en algunas cárceles llega hasta el 700%. Esto no solo afecta a los internos, sino también al personal del servicio penitenciario, generando estrés y dificultando su trabajo», señaló Solá.
