El concejal Ignacio Laurenti insiste en la participación de todos los actores en la mesa de discusión para abordar el problema de los cuidacoches en Santa Fe. Además, sostuvo que a la gestión de Juan Pablo Poletti le falta «control».
En Santa Fe, la actividad de los cuidacoches se ha convertido en ilegal debido al veto de una ordenanza municipal. El concejal Ignacio Laurenti subraya la importancia de que en la mesa de diálogo participen todos los actores implicados: la sociedad civil, los cuidacoches, los vecinos que utilizan las dársenas de estacionamiento, y aquellos que estacionan en la vía pública. «Tiene que estar también el vecino, tanto el que utiliza las dársenas de estacionamiento como los vecinos de las cuadras», afirmó Laurenti. Junto con la diputada Natalia Armas Vavi, Laurenti ha presentado una solicitud en la legislatura, destacando que este problema no se limita solo a Santa Fe, sino que también ocurre en otras ciudades grandes, como Santo Tomé y Rosario.
La solución debe ser integral y abarcar tanto la parte social como la gubernamental y de seguridad. «Es necesario que el Ministerio Público de la Acusación también participe para trabajar en conjunto y encontrar herramientas efectivas de control que se apliquen en toda la ciudad», señaló Laurenti. Además, enfatizó la necesidad de que la gente conozca sus recursos para reclamar en caso de problemas. «Es crucial entender que muchos cuidacoches están en la calle porque no tuvieron otra oportunidad», explicó. Laurenti también reconoció que, aunque algunos cuidacoches realizan esta actividad de manera respetuosa, otros la utilizan para extorsionar a los ciudadanos, afectando especialmente a las mujeres. «Es imperativo formar a estas personas y brindarles oportunidades para que no tengan que depender de esta actividad para sobrevivir», concluyó.
Aplicaciones de viaje:
En Santa Fe, la regulación de aplicaciones de viaje como Uber es un tema candente que aún no ha sido tratado formalmente en el Concejo. El edil destacó que, actualmente, estas aplicaciones operan de manera ilegal, lo que complica su control. Laurenti señaló que los taxis y remises enfrentan costos y requisitos impuestos por el municipio, los cuales no aplican a los conductores de aplicaciones de viaje. Esto crea una competencia desigual, ya que los servicios a través de aplicaciones pueden ofrecer tarifas más bajas, atrayendo a los clientes en busca de ahorro económico en un contexto financiero difícil.
