Oscar Cachi Martínez recordó las herramientas que concede el Observatorio creado a tal fin. Y recalcó la necesidad de abordar la prevención de las adicciones.
Este viernes se conmemora el Día Provincial del Familiar y la Víctima de la Inseguridad. Por esa razón, el exdiputado Oscar “Cachi” Martínez evocó las virtudes del Observatorio que fuese creado a instancias de su labor parlamentaria, el cual contó con el respaldo de todos los sectores políticos en la Legislatura. Esta entidad “obliga al Estado a brindar herramientas procesales para que las víctimas sean consultadas, para que la víctima sea escuchada por jueces y fiscales y haya una audiencia de impacto. También obliga al Estado a brindarle asistencia jurídica, psicológica y social, así como evitar la revictimización”, sostuvo el dirigente del Frente Renovador al ser consultado por ATP.
No obstante, Martínez señaló que la ley en cuestión se implementa en parte. Por un lado, desde el Ministerio Público de la Acusación ya se han comenzado a realizar las capacitaciones correspondientes para fiscales en relación con los derechos de las víctimas. No así ocurre en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo. A su vez, “se reclama que se implemente el otorgamiento de la Pensión 5110 para víctimas con alguna discapacidad”.
Ahora bien, ¿por qué no se aplica la ley que respalda a los familiares y víctimas de la inseguridad? “Esta ley se logró aprobar el año pasado y el gobierno anterior no avanzó. Esperamos que este gobierno la implemente –sostuvo Martínez–. Es un problema de decisión política y de gestión, sobre todo en una provincia atravesada por la violencia y la inseguridad”, esgrimió el exlegislador. A propósito, la inseguridad se liga a los delitos conexos al narcotráfico.
Por esa razón, Para Martínez resulta fundamental que abordar la problemática de las adicciones. “No es sólo achicar la oferta, es necesario disminuir la demanda. Es necesario tener una política de prevención, desde el punto de vista social, familiar, deportivo, laboral, educativo y, también, dentro del régimen penitenciario”, fundamentó y apeló a poner en práctica acciones de “acompañamiento y de reinserción laboral”. Todo lo cual “exige una decisión política porque es un problema social y de salud pública”. Por esa razón, Martínez instó a que se constituya un Observatorio de Adicciones para un correcto abordaje de una problemática que requiere atender los factores de riesgo.
