Entre otras modificaciones, no habrá más feria judicial, se extienden los plazos de detención y se devuelven atribuciones a la policía.
Ayer, la Legislatura santafesina aprobó una profunda reforma del Código Procesal Penal de la provincia. Entre los puntos que generaron más polémica –sobre todo en la Cámara Baja–, se destacan la eliminación de las audiencias para ciertos casos, la extensión de los plazos de las detenciones previa a la imputación y que la policía retome atribuciones para desarrollar un control autónomo de los procesos penales –consigna La Capital–.
Además, la norma elimina la feria judicial en este fuero. El cambio apunta a que no se resienta el servicio de justicia durante los recesos de verano e invierno.
«La feria judicial no rige en materia penal. La Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal deben reglamentar, organizar y programar el otorgamiento de las licencias por vacaciones de sus funcionarios y empleados de manera que cada uno de los órganos mencionados garantice como mínimo la presencia laboral para la prestación del servicio de justicia del cincuenta por ciento (50%) del total de funcionarios y de empleados de la planta, respectivamente, en cada circunscripción y distrito según corresponda», estipula el texto normativo.
La iniciativa fue promovida por el Ejecutivo, con el gobernador Maximiliano Pullaro a la cabeza. Por sus características, se trata de un notable cambio en el sistema de la provincia desde 2014. Fue en ese cuando se pasó del esquema inquisitorio al acusatorio y la investigación dejó de estar en manos de los jueces para ser atributo de los fiscales.
Tras un ida y vuelta entre Diputados y el Senado, la reforma se convirtió en ley durante la víspera. En la Cámara Alta el proyecto fue aprobado por unanimidad, mientras que la Cámara Baja la votación resultó en general con 33 votos positivos entre los bloques de Unidos para Cambiar Santa Fe, el peronismo, Somos Vida, Vida y Familia e Inspirar. En tanto, se registraron dos votos negativos, de Fabián Palo Oliver y Carlos del Frade (del Frente Amplio por la Soberanía), mientras hubo 14 legisladores ausentes.
En la votación en particular, integrantes de la bancada de Juntos Avancemos –como Alejandra Rodenas, Marcos Corach, Sonia Martorano y Verónica Baró Graff–, del bloque referenciado en Amalia Granata, Natalia Armas Belavi y Juan Domingo Argañaraz se abstuvieron o votaron en contra de ciertos artículos del proyecto.
Por ejemplo, los referidos al allanamiento (artículo 9) y al allanamiento sin orden judicial (artículo 10), el recurso del hábeas corpus (artículo 36), y la institucionalización de las figuras de agente encubierto, revelador e informante y la entrega vigilada (artículo 39).
