El freno de la obra pública y la incertidumbre económica pone en riesgo 1.400 empresas. Se estima que hay más de 3500 obras paradas a lo largo y ancho del país.
Se reunió el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), declaró el Estado de Emergencia en todo el país y advirtió por el futuro de 1400 empresas y 200 mil empleos. El cónclave se llevó a cabo este mediodía en la sede de CAMARCO y los participantes alertaron sobre la «excepcional gravedad de la situación de la actividad de la construcción”.
Por tales motivos se declaró la emergencia nacional para el sector, que reclamó a las autoridades nacionales y provinciales una solución en brevísimo plazo a los problemas planteados.
En diálogo con Noticias Argentinas, el presidente de la Cámara, Gustavo Weiss, se mostró sorprendido por lo “novedoso” de la situación sobre el freno a la obra pública. “Debemos alertar al gobierno sobre la inminencia del colapso del sector”, señaló.
Weiss señaló que aún no fueron recibidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, y agregó que “hay un sinnúmero de temas que queremos abordar con ellos para tratar de solucionar aunque sea parcialmente los problemas, pero no vemos una reacción rápida del gobierno”.
El comunicado instó a las “autoridades nacionales y provinciales a instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el sector”, ya que, consideraron, se trata de la única alternativa para “impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200 mil despidos”.
Los consejeros presentes en el encuentro plantearon los problemas que enfrentan, muchos de carácter terminal, y remarcaron que, de persistir la grave situación actual, tendrá efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general.
“No puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses”, describieron los participantes en el comunicado.
“En todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente. El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones”, detallaron de forma determinante desde CAMARCO.
El freno de la obra pública desde diciembre impactó de lleno en la actividad generando una bomba económica al romper la cadena de pagos, en una situación de inflación creciente, reajuste paritario y aumento de costos. Se estima que hay más de 3500 obras paradas a lo largo y ancho del país.
“El país todo vive un estado de emergencia económica y social. Esa emergencia ya arrecia en el sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos” describieron los dueños de las empresas constructoras.
Asimismo, aseguraron que el mayor problema no se limita solamente al pago de la deuda atrasada –que supera los US$300 millones–, sino que también “resulta necesario saber cuál es la perspectiva para el futuro, porque en la empresa necesitan seguir trabajando”.
“La obra pública tiene que existir. El mensaje del presidente es que se podrán hacer obras de infraestructura con fondos privados, lo cual creemos que es central y fundamental para el desarrollo del país. Pero la realidad es que en el mundo desarrollado, donde hay seguridad jurídica, tarifas altas, mercado de capitales, no es más del 15%, de la inversión total. El 85% de la inversión total en el mundo la hacen los gobiernos, nacional, policial o municipal, pero la hacen los gobiernos porque hay obras que no tienen interés privado, porque no tienen repago. Una escuela pública, una cárcel, un hospital público, rutas que no tienen tránsito. Esto surge de estadísticas mundiales. Lo tienen que hacer los gobiernos”, comentaron a NA.
Según datos oficiales del INDEC, confluyen una caída en la actividad y un fuerte aumento de costos en la construcción por encima del nivel de inflación general. La devaluación y los cambios impositivos con el aumento del impuesto PAIS a las importaciones perjudicaron al sector durante los últimos meses del 2023.
El Índice del Costo de la Construcción (ICC) aumentó 30,1% solo en diciembre y en todo el 2023 los costos se encarecieron un 222,8%, es decir 11,4 puntos porcentuales por encima de los 211,4% que marcó el índice general.
Por el lado de la actividad, los números a noviembre del Indicador Sintético de la Actividad de la construcción (ISAC) mostraba una baja de 2,1% respecto a igual mes de 2022 y en el acumulado de los once meses de 2023 se evidenciaba una caída de 2,3% interanual.
Sin embargo, las proyecciones indican que para enero los costos sufrirán otra fuerte escalada, principalmente los materiales utilizados en la construcción. “Atrás del ajuste brutal hay familias, gente que se queda sin trabajo, empresas que se funden, personas de muchísimos años dedicadas a una profesión que no la van a continuar. Es una destrucción de valor terrible. Nosotros pensamos que no somos un gasto, de alguna manera somos una inversión. Nuestro sector se mantiene funcionando con un 1% de presupuesto, aunque sea a un ritmo bajo, y eso evita la destrucción de valor”, concluyeron desde CAMARCO.
