El Ministerio de Economía instruyó a la Secretaría de Transporte para que reciba a ambas partes. Antes, el gremio había solicitado una audiencia a Luis Caputo para evitar la «paralización» del servicio.
El Ministerio de Economía de la Nación instruyó a la Secretaría de Transporte para que reciba a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de colectivos. Del mismo modo, lo hizo con el empresariado del sector con el fin de «escuchar sus necesidades» pero garantizando las «paritarias libres». La decisión se conoció tras que el gremio pidiera una audiencia al ministro Luis Caputo para reclamarle soluciones a diversas demandas, entre ellas la salarial. El encuentro está pautado para hoy a las 15.30.
Economía informó que «la Secretaría de Transporte de la Nación, conducida por Franco Mogetta, recibió instrucciones» de Caputo «para recibir a los dirigentes gremiales» de los choferes de colectivos y «las cámaras empresarias para escuchar sus necesidades, garantizando la plena independencia de las negociaciones desarrolladas entre la UTA y los empresarios».
El titular de la UTA, Roberto Fernández, le envió una nota a Caputo en su condición de secretario General de la «organización gremial del transporte de pasajeros que representa a más de 100 mil trabajadores en todo el país”.
«El transporte público está en emergencia, sin capacidad para funcionar según lo establecen las normas que lo regulan; las empresas manifiestan no tener sus costos actualizados, especialmente precio del gasoil y repuestos esenciales para que las unidades estén en condiciones de operar, condición corroborada por las actuales autoridades de Transporte», dijo Fernández.
Añadió que » se debió aplicar la cláusula que prevé el ajuste salarial a diciembre 2023, según los términos del acta homologada por el Ministerio de Trabajo, e iniciar la negociación salarial a partir del 1 de enero del presente año» y dijo que «el Ministerio de Trabajo conoce perfectamente la cuestión».
«La situación debió estar solucionada por las autoridades del Ministerio de Infraestructura; el exministro (Guillermo) Ferraro, a través de la Secretaría de Transporte, pero nada sucedió; por el contrario, fue tal la pasividad puesta a disposición de la solución, que hoy pone en riesgo el traslado de millones de personas diarias, especialmente aquellas de bajos recursos que lo utilizan para trasladarse a sus lugares de trabajo», alertó.
Advirtió que «hoy está bajo su responsabilidad tomar el tema y encarrilar una solución que evite lo que irremediable sucederá: la gente no tendrá el medio básico que le permita movilizarse, poniendo el riesgo la paz social».
Fernández le dijo a Caputo: «Queremos ser parte de una solución de consenso, donde el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, las empresas Concesionarias y los trabajadores asumamos la responsabilidad que nos corresponda y evitar una situación no deseada que afectará a la comunidad en su conjunto».
En ese sentido, le pidió «una entrevista personal o con quien designe con la suficiente capacidad de decisión, para que rápidamente podamos evitar la paralización del transporte público».
Por su lado, según la comunicación del Ministerio de Economía, «no presenta ni presentará a ninguna autoridad en la mesa de diálogo, ya que no corresponde la intervención de otro organismo nacional en una discusión entre empleadores y empleados que no sea el ámbito propiciado por la Secretaría de Trabajo».
«Desde que asumieron las autoridades de Transporte se llevaron adelante reuniones tanto con la UTA como con los empresarios, compartiendo la necesidad de restructurar y actualizar los costos del sistema. De esta manera, «para que la Secretaría de Transporte pueda seguir avanzando en esa línea, resulta de vital importancia esperar a que las partes alcancen un acuerdo en las mesas de negociaciones que se están desarrollando en estos momentos», destacó.
Añadió que «la Secretaría de Transporte, en línea con las decisiones políticas del gobierno nacional, fomenta las paritarias libres y basadas en negociaciones exclusivas entre empleadores y empleados, y de la cuales no debe tener injerencia el Estado nacional».
«Es importante remarcar que la Secretaría de Transporte no se encuentra participando de la mesa de negociaciones entre la UTA y los empresarios, resaltando la libertad de negociar de ambas partes, y reposicionando al Estado Nacional en el lugar que le corresponde», dijo la cartera de Caputo.
Salario
Los choferes de colectivos reclaman una actualización salarial del 27% en enero y del 33% en febrero, además de una suma no remunerativa de $126.921 a diciembre.
Por su parte, AAETA (Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor), CEAP (Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros) y CETUBA (Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires), entre otras, recordaron mediante una carta a documento que el 90% de los ingresos son de los subsidios estatales y sólo el 10% se recauda con las tarifas de los pasajeros.
