Así lo indica un informa del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, mientras el gobierno nacional impulsa la reducción de la jornada laboral.
Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) advierte que en la actualidad seis de cada 10 argentinos y argentinas trabajan menos de ocho horas diarias y que reducir la jornada laboral podría generar un aumento de los precios.
El informe indica que el debate instalado por el gobierno “no tiene en cuenta una realidad que marca que dos de cada tres trabajadores realiza tareas por menos de 40 horas semanales, lo que tornaría abstracta la discusión para la mayoría de los asalariados”.
IDESA, la consultora que dirige el economista Jorge Colina, dice que en este momento lo prioritario debería ser “ordenar el Estado y las instituciones laborales para crecer con más empleos de calidad”.
“La idea de reducir la jornada laboral no es nueva ni propia de la Argentina”, esgrime el estudio al comparar con el caso de la Unión Europea donde se analiza también bajar la jornada laboral como forma de evitar pagar salarios más altos. IDESA señala que la discusión en ese caso “está más centrada en mejorar la calidad de vida de los trabajadores que en aumentar el empleo».
La discusión planteada en el Congreso parece desconocer los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, la cual precisó que en 2023 un 15% de los asalariados trabaja más de 48 horas semanales, un 19% entre 40 y 48 y un 66% menos de 40 horas semanales
“En la Argentina dos de cada tres trabajadores ya lo hacen en jornada reducida”, aduce el estudio. IDESA advierte que para achicar el día de trabajo a seis horas la productividad de las empresas debería crecer un 33%, cuestión que de materializarse la iniciativa en tratamiento en el Congreso el mayor costo “se trasladaría a los precios».
“El problema, entonces, no es que hay trabajadores que trabajan mucho y que les quitan empleo a otros, sino que hay una severa escasez de buenos empleos», subraya IDESA, que a su vez precisó que “el principal desafío no pasa por compartir los pocos empleos de calidad que hay, sino por multiplicar los empleadores y las inversiones productivas”.
“Dado que se acumulan décadas con niveles de productividad estancados, se puede afirmar que, en las actuales condiciones, reducir la jornada legal tendrá asociado más informalidad y más inflación”, concluye el estudio.
