La organización internacional de derechos humanos solicita contar con detalles tras el anuncio de la compra armas de electrochoque en octubre de 2022.
Amnistía Internacional solicitó información al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre el tipo y la cantidad de armas eléctricas compradas, qué efectivos utilizarán esas armas y cuáles serán los criterios de selección, qué capacitaciones se brindarán y los procedimientos de rendición de cuentas, entre otras cuestiones.
Según un comunicado, hace años que la propia entidad internacional investiga el uso de las armas de electrochoque y observa la experiencia comparada en diferentes países, como Estado Unidos y Holanda y ha manifestado su preocupación ante el mal uso de este tipo de armas.
En 2015, la organización también realizó aportes cuando se debatía la compra de las armas de electrochoque por parte de la Ciudad de Buenos Aires y, posteriormente, también “hemos dirigido pedidos de información y remitido observaciones en otras jurisdicciones como Salta y Tucumán”, indica el texto.
A continuación se enumeran algunas de las advertencias que la organización ha realizado sobre este tipo de arman:
-presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento;
-tienen la capacidad de infligir dolor severo pulsando un botón, pero casi no deja huellas en la persona y el sufrimiento serio causado no es visible para la fuerza de seguridad que está utilizando;
-son usadas con demasiada frecuencia por las fuerzas de seguridad –solo en situaciones extremas y limitadas cuando haya una amenaza real e inminente para la vida o un riesgo de lesiones graves– como lo establece el Comité contra la Tortura de la ONU;
-muchas veces son utilizadas en modo “aturdimiento” a partir de lo que equivale a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
-se suelen subestimar los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas
Recomendaciones
Amnistía Internacional consigna las siguientes recomendaciones:
-Suspender las compras de armas tipo Taser y otras armas de electrochoque, así como su uso, hasta que no se realice una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre su uso y efectos.
-Establecer un marco legal que limite estrictamente su uso a situaciones en las que la alternativa sería el uso de la fuerza letal, de acuerdo con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego; Prohibir las descargas reiteradas o prolongadas;
-Prohibir terminantemente su uso contra los siguientes grupos como mujeres embarazadas, ancianos, niños, niñas y jóvenes menores de edad, personas con trastornos emocionales, personas que presenten alguna discapacidad psíquica o física, personas en situaciones de vulnerabilidad, personas bajo los efectos de las drogas.
-Asegurar que todos los funcionarios reciban formación adecuada y basada en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.
-Garantizar que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y otras conductas indebidas se investiguen de forma exhaustiva e imparcial.
“El mantenimiento del orden y la seguridad no debe contraponerse con los derechos humanos, por el contrario, su respeto y protección es una de las dimensiones que mejor describe un Estado de Derecho”, concluye el comunicado.
¿Qué pasó?
El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, confirmó el jueves pasado que ya se realizó la compra de 100 pistolas Taser. En medio del debate que se generó sobre la utilización de estas armas no letales tras el asesinato de la policía Maribel Salazar, el funcionario anticipó que la Ciudad también las podrá usar.
Aunque la compra de las pistolas eléctricas se realizó en octubre pasado, el funcionario indicó que aún no las tienen en su poder: «Nos permiten que los grupos de elite empiecen el entrenamiento», anticipó Fernández.
Según consignó la agencia de noticias Télam, el gobierno nacional adquirió las 100 Taser que serán destinadas a grupos especiales de las fuerzas federales. La compra se realizó por contratación directa con una empresa llamada AXON Enterprise Inc, que tomó en parte de pago un lote de ese tipo de armas electrónicas que había sido adquirido en 2019 por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Las mismas habían quedado en desuso por tratarse de pistolas de un solo cartucho, que no cuentan con emisión de advertencia ni cámaras incorporadas.
La adquisición fue autorizada por las resoluciones 283 y 1167 de la Policía Federal Argentina, fechadas el 31 de octubre y 28 de diciembre respectivamente.
La división de contrataciones de la Policía Federal adquirió 100 pistolas Taser por la cifra de 170 mil dólares, número que equivale a $32 millones al tipo de cambio comprador del Banco Nación.
Las 100 pistolas Taser modelo T7 llegarán al país con licencias, cartuchería y accesorios. La adquisición fue una “contratación directa por adjudicación simple por exclusividad”. La compañía que provee las pistolas es AXON Enterprise Inc, a la que se le abonó 169.990 dólares.
Por cosas del destino, la compra de las pistolas eléctricas se autorizó el 15 de febrero, un día después del asesinato de Salazar, quien recibió dos disparos tras intervenir en una discusión entre un pasajero y un trabajador del subte en la ciudad de Buenos Aires. El agresor, Oscar Gustavo Valdez, le quitó el arma reglamentaria a la policía y la asesinó.
En diálogo con Perfil, Aníbal Fernández explicó cómo fue el proceso de adquisición de las 100 Taser. «Comenzamos el proceso de compra en octubre», expresó. En rigor, se inició el día 31 de ese mes y la adjudicación se produjo en los últimos días de diciembre de 2022. La contratación directa 10/2022 fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Por último, el ministro indicó: «(Esas pistolas Taser) son para uso exclusivo de Grupos de Fuerzas Especiales», como pueden ser el Grupo Especial de Asalto Táctico (GEAT), el Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX) o el Grupo Especial de Protección (GEP). No obstante, una vez que se comiencen a usar estas pistolas, tal como adelantó el propio ministro, los efectivos porteños podrán portarlas.
