Así lo revela el Observatorio Mumalá. Durante los primeros 30 días del año también hubo 50 intentos de femicidios. Se suman ocho muertes violentas asociadas al género que permanecen en investigación.
El Observatorio nacional MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) «Mujeres, Disidencias, Derechos» registró, desde el 1 al 30 de enero de 2023, 22 femicidios y 50 intentos en todo el país (sobre la base de publicaciones en medios gráficos y digitales). Asimismo, se contabilizaron 30 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. Es decir, una cada 24 horas.
De los 22 femicidios, femicidios vinculados y trans- travesticidios (un femicidio cada 33 horas), 19 fueron directos, uno fue vinculado niña/mujer, uno fue vinculado de niño/varón y hubo un trans/travesticidios.
A estos casos se suman ocho muertes violentas asociadas al género que permanecen en investigación.
Mumalá también indicó que fueron 50 los intentos de femicidios. Esto es: dos intentos por cada femicidio perpetrado.
Otros datos sobresalientes son:
22 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre.
El 76% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas cuya edad promedio fue de 38 años.
El 18 % de las víctimas habían denunciado a su agresor y contaban con orden de restricción de contacto o perimetral. El 30 % de las personas que denunciaron tenía, además, botón antipánico.
El 70% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o compartida con su agresor.
“En este nuevo año, y ante las cifras de la violencia femicida que no cesa, seguimos exigiendo la declaración de Emergencia en Violencia de Género que determine recursos precisos y especiales, así como evaluar su impacto”, remarca el comunicado de Mumalá emitido este 31 de enero.
Y continúa: “Alertamos sobre una dinámica social persistente y en crecimiento como es la feminización de la pobreza que profundiza las violencias que atravesamos mujeres y disidencias. Con una inflación cercana a los tres dígitos, con creciente desocupación y subempleo, se nos impide la autonomía económica y el acceso a los recursos básicos generando dependencia con nuestro agresor. Las barreras económicas, sociales, culturales y de acceso a la justicia son las causantes del empobrecimiento de nuestra calidad de vida, el Estado es responsable”. En tanto, concluye: “Exigimos políticas de calidad, integrales y territoriales que permitan el acceso a vidas dignas y libres de violencias”.
