El exministro de Seguridad de Santa Fe está acusado de asociación ilícita en carácter de jefe y violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional, entre otros cargos.

El exministro de Seguridad de Santa Fe y exdirector del Organismo de Investigaciones, Marcelo Sain, fue imputado por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); peculado; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).

Así se planteó hoy en la audiencia imputativa a raíz de la investigación por inteligencia ilegal que impulsan Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pertenecientes a la Fiscalía de Delitos Complejos. Se investigó también a otros exfuncionarios como Nadia Schujman y Débora Cotichini, Esteban Germán Montenegro, Diego Rodríguez, Pablo Álvarez, Milagros Bernard y Agustina Moulins.

Montenegro, exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, también fue imputado por los siguientes delitos: asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba.

Una mujer, identificada como MAM, que fue contratada por el Ministerio de Seguridad dentro de la órbita de la Secretaría de Seguridad Pública y ocupó un cargo en la Subsecretaría de Investigación Criminal fue imputada por asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las leyes; destrucción de documentos y elementos de prueba.

En la causa fueron admitidos como querellantes el Estado provincial (a través del fiscal Rubén Weder); el diputado provincial Maximiliano Pullaro; el gremio UPCN; los abogados Evelin Andriozzi y Jorge Bedouret, y el empresario Gustavo Scaglione.

Sain condujo la cartera de Seguridad entre diciembre de 2019 y marzo de 2021, cuando fue reemplazado por Jorge Lagna.

FuenteRDP / UNO
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