“Si no fuera abogada, estaría en un estado de indefensión”, manifestó la vicepresidenta al inicio de su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2, en el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró este viernes que durante el alegato de la defensa encabezada por el abogado Carlos Beraldi «quedó demostrado que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola mintieron en el alegato final de acusación», y sostuvo que «es absurdo y raya lo ridículo» que este proceso judicial incluya la acusación de que los gobiernos kirchneristas de 2003 al 2015 fueron «una asociación ilícita».
«Los fiscales Luciani y Mola mintieron en el alegato final de acusación con calumnias, mentiras y difamaciones. Esto quedó demostrado con el alegato que empezó el lunes pasado con el doctor Beraldi», aseveró Fernández de Kirchner desde su despacho en el Senado al intervenir como abogada en defensa propia en el marco de la causa Vialidad.
La exposición de la exmandataria comenzó pasadas las 11.30 y se extendió por poco más de una hora. Allí subrayó que, «con pruebas documentales», sus representantes en este debate «desmontaron las increíbles mentiras de los fiscales y las arbitrariedades que se realizaron en este juicio oral».
En ese contexto, dijo: «Quedaron a la luz del día las arbitrariedades que se han cometido en este juicio».
«En un momento parecía que estuve viendo una película en Estados Unidos donde hay un juicio por jurado donde van y se encuentra la verdad. No se puede creer cómo y por qué se ha llevado adelante este juicio», agregó.
Por otro lado, Fernández de Kirchner consideró que “se montó una fábula» para traerla «de los pelos a este juicio” sobre el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y recordó que fue “la única que denunció el encubrimiento” del atentado a la AMIA, algo que fue “armado desde (los tribunales) de Comodoro Py”.
En otro tramo de su exposición, manifestó que «la acusación de los fiscales dice que los gobiernos desde 2003 hasta el 2015 fueron tres asociaciones ilícitas» y recalcó que se trata de «tres gobiernos constitucionales de una misma fuerza política y eso no lo logró nunca nadie en la historia después de la Ley Sáenz Peña».
«Desde la fiscalía dicen que estos tres gobiernos elegidos por el pueblo son una asociación ilícita para hacer 51 obras en Santa Cruz, a través de esa provincia. O sea que Néstor Kirchner, que fue intendente en 1987, gobernador en el ’91, reelecto en el ’95 y ’99, pensando que iba a ser Presidente en 2003 para hacer 51 obras viales a través de la provincia de la que había sido gobernador», planteó con ironía la vicepresidenta.
En esa línea, reflexionó: «Esta sola enunciación bastaría para que nadie tome seriamente esta acusación porque es ilógica, es absurda, raya en el ridículo. Es decir que militamos toda la vida para 51 obras viales», planteó.
Durante su exposición le pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que, «al finalizar las audiencias, se extraiga testimonio de todas y cada una de las mentiras de los fiscales que desarrollaron en los alegatos contrastadas con las pruebas obrantes en el expediente, las pruebas documentales, testimoniales y periciales».
Por otro lado, al igual que ya lo había denunciado cuando el tribunal impidió ampliar su declaración, Fernández de Kirchner apuntó que «en un ejercicio histriónico, el fiscal Luciani dijo que miró las 9 mil fojas del expresidente sobre las llamadas del celular del exsecretario de Obras Públicas (José) López, se le pasaron más de 400 llamados telefónicos de (Luis) Caputo, hermano de la vida de (Mauricio) Macri, y ahí sí se denotaba una gran familiaridad con López».
«En este mismo tribunal fiscales y jueces juegan al fútbol con el expresidente en su quinta Los Abrojos. Y eso a nadie le parece extraño», fustigó la titular del Senado de la Nación, quien agregó: «Estamos ante un claro caso de prevaricato».
En referencia al atentado que sufrió el 1 de septiembre en la puerta de su casa, dijo que los detenidos por el atentado que sufrió «no son autores intelectuales».
En esta línea, cuestionó los vínculos de este grupo con sectores de la oposición: «El abogado de quien me quiso matar es asesor de un senador» de Juntos por el Cambio, recordó, y dijo que se siente «en estado de indefensión».
La expresidenta tomó la palabra luego de su abogado Carlos Belardi, quién aseguró durante su alegato que la Vicepresidenta «jamás impartió ninguna directiva vinculada» a las 51 obras públicas adjudicadas a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz a las que la fiscalía adjudica delitos en el juicio de la llamada causa Vialidad.
«¿Qué está probado en este juicio? Que Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió ninguna directiva vinculada a estos casos que acá se investigan», sostuvo Beraldi en la tercera y última jornada de su alegato final.
El abogado expuso de manera previa a que la Vicepresidenta hable ante los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 en ejercicio de su propia defensa y luego por la tarde cerrará el alegato con el pedido formal de absolución.
En el último tema que abordó luego de tres días de alegato, Beraldi se refirió a la acusación por irregularidades en la ejecución y pago de las obras en Santa Cruz entre 2003 y 2015, tras dar por probado que no hubo delito de asociación ilícita ni defraudación.
«No existe una obligación de control» sobre las obras por parte de la Presidencia de la Nación que «no puede ni debe tener control porque la Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico», remarcó Beraldi ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
«Es imposible que el presidente de la Nación tenga algún tipo de posibilidad de control respecto de las cientos y miles de obras que se licitan, ejecutan y pagan. Esto quedó demostrado en el juicio», concluyó.
Además, recordó testimonios de empresarios, entre ellos el de Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, quien aseguró en la audiencia: «No conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado»
«Los que han venido a juicio fulminaron esa acusación», agregó y cuestionó una decisión que limitó una pericia pedida antes del inicio del debate a 5 de las 51 obras cuestionadas. «El 90% de las obras no fue peritado», advirtió.
Por otro lado, cuestionó y exhibió parte de los informes periodísticos que aludían a rutas no terminadas en Santa Cruz o que «llevaban a ningún lado» con los testimonios en el juicio, que desmintieron esto. «Uno ve este informe (el del programa PPT) y dice bueno, ya está, pero cuando vienen los técnicos nos cuentan que todo esto es mentira, tuvimos que esperar seis años para que esto en definitiva, en un juicio, termine mostrándose que era todo una falacia».
Beraldi recordó que en las dos jornadas anteriores se refirió a la forma en que los presupuestos de las obras eran aprobadas en el Congreso Nacional y describió como una «absoluta fantasía» de la fiscalía decir que se actuaba «como un instrumento de una asociación ilícita. Carece de toda seriedad».
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron condenar a la vicepresidenta a doce años de condena e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Beraldi reiteró que la fiscalía incurrió en «mala praxis» y «vulneración del derecho de defensa» y que se fragmentó la causa «deliberadamente para conspirar contra el descubrimiento de la verdad».
«Pareciera como que el juicio no existió», cuestionó la defensa al aludir al «nivel de improvisación de la fiscalía». «No existe un solo elemento de prueba serio que indique que se hubieran pagado trabajos no realizados», ejemplificó.
Además, exhibió también parte de declaraciones de testigos como un ex funcionario de Vialidad que afirmó que el «verdadero perjuicio al Estado fue causado» por el gobierno de Mauricio Macri, «que abandonó las obras dejándolas en situación de ruina», remarcó Beraldi.
