Acreedores granarios, fiscales y legisladores repasaron el gran default del grupo agroexportador.
El derrotero del caso Vicentin y su estafa tuvo ayer una instancia particular en la Legislatura santafesina, donde se realizó una audiencia pública, a instancias de la comisión de seguimiento del caso en la Cámara Baja. «La propuesta de arreglo con acreedores que quieren llevar adelante los directores de Vicentin es inviable», dijo el titular de la comisión, Luis Rubeo. «El acuerdo pretendido con los acreedores más chicos ronda la ilegalidad lisa y llana», coincidió Mariano Grassi, uno de los corredores que integra la masa concursal de 1700 acreedores defraudados por 1350 millones de dólares.
Acorde a Rosario/12, la audiencia transcurrió durante más de tres horas, con la premisa de «acercar posturas y evitar el desguace de la firma, o en todo caso impedir que la variable de ajuste terminen siendo los trabajadores», resumió Rubeo. Entre los presentes, estuvo invitado un emisario del directorio acusado, Estanislao Bougain.
Estuvieron por primera vez acreedores granarios, también cooperativas y pymes de acopio que entregaban cereal a Vicentin, además de los fiscales que acusan en tres causas penales al directorio, y también el exdirector del Banco Nación Claudio Lozano, quien hizo el primer informe sobre la estafa de Vicentin a la entidad crediticia por 791 millones de dólares cedidos en préstamo cuando la decisión del default estaba tomada.
Hablaron algunos empresarios pyme al frente de acopios y cooperativas de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Todos relataron distintos casos de fraude. «El comercio de granos se basa en la confianza y Vicentin lo defraudó», dijo uno de ellos, el productor agrícola del sur santafesino Francisco Mariani.
Lozano precisó que son 1698 acreedores con una deuda de 1350 millones de dólares, y atribuyó el mega desfalco a «un caso más de la lógica que suelen demostrar grandes grupos locales en connivencia con el poder político que terminan usufructuando fondos públicos para beneficio privado». Recalcó el cese de pagos de Vicentin al BNA en agosto de 2019, la ausencia de calificación crediticia y en violación de normas del Banco Central, y sin embargo el financiamiento abierto por la entidad que dirigía Javier González Fraga. «Esperemos que esto tenga el resultado penal merecido», remarcó.
Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja anticiparon que para fin de año estarán listas las acusaciones formales contra los 14 directivos de Vicentin procesados por estafa y asociación ilícita, más otros tres de la firma Renova implicados.
«Lo que está claro es que la salida tiene que ser eminentemente política. El gobierno de Santa Fe debe dejar de mirar para otro lado; el gobernador Perotti tiene que convocar a todos los actores, sumar nuevamente al gobierno nacional y entre todos llevar adelante un nuevo diseño de administración”, reclamó Rubeo.
Para los diputados, quedó demostrado que «la propuesta concursal que quiere llevar adelante el directorio de Vicentin no tiene ninguna viabilidad, ni desde el punto de vista económico ni jurídico, vendiendo un bien que se encuentra cautelado legalmente», expresó Rubén Giustiniani. Tanto el legislador de Igualdad y Participación como Lozano marcaron 2012 como el año en el que Vicentin empieza a cambiar su carácter de empresa nacional para empezar a mudar su desarrollo a Uruguay y a diversificarse en desplazamientos que resultaron el vaciamiento patrimonial.
«Hay que profundizar las investigaciones judiciales para que traigan los 791 millones de dólares del Banco Nación que se fugaron. Lamentablemente, el gobierno provincial y nacional están borrados. Vicentin sigue cometiendo delito porque sigue transfiriendo acciones o recursos a la empresa Viterra, ex Glencore, un grupo de delincuentes que lidera la exportación de cereales. Que no haya más abuso ni impunidad de estos delincuentes de guante blanco», enfatizó Carlos Del Frade.
El abogado Gustavo Feldman, representante legal entre los acreedores, marcó que la propuesta de cancelación que ofreció Vicentin –que significaría la devolución del 20% nomás de todo el pasivo deshonrado– “es fraudulenta porque pretenden pagar la deuda con el botín”. «Si la Corte no intervenía, la Justicia santafesina iba a sufrir una intervención federal», aseguró.
