La iniciativa será presentada por Sebastián Julierac Pinasco en la Legislatura. Destacó que “es necesario encontrar mecanismos que le cierren el camino al avance de las drogas”.
El diputado Sebastián Julierac Pinasco, de la Coalición Cívica, presentará un proyecto en la Legislatura para que los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y también personal policial, sean sometidos a un narcotest.
La propuesta contempla que el examen sea realizado como requisito previo al ingreso al ejercicio a la función pública y de manera periódica durante la permanencia en el puesto, de manera tal que permita corroborar la ausencia de uso de sustancias prohibidas durante el desempeño en el cargo.
“Es necesario encontrar mecanismos que le cierren el camino al avance de las drogas y en los casos de funcionarios públicos, en quienes la ciudadanía ha depositado toda su confianza, es deber republicano dar el ejemplo de manera clara y contundente. Debemos mostrar conducta, renovar compromisos y ser intachables en cada uno de nuestros actos, para fortalecer las instituciones”, destacó el diputado que responde a las filas de Elisa Carrió.
Tanto Tierra del Fuego como Tucumán cuentan con normativas de estas características y en las provincias de Chaco y Salta se han presentado proyectos legislativos con el mismo fin. En este sentido, la diputada nacional Leonor Martínez Villada también presentó un proyecto con el mismo fin en el Congreso, aunque no avanzó.
“Esta iniciativa parte de la firme convicción que cuando circunstancialmente una persona se ve honrada en ejercer la función pública, lo hace a sabiendas de que el interés de la sociedad está muy por encima del interés particular”, agregó Julierac Pinasco.
Según se detalla en su articulado, la iniciativa garantiza la intimidad e integridad de los funcionarios y prevé mecanismos para la contención de aquellos que estén afectados por una adicción. Estos deberán ocuparse inmediatamente de su salud, siendo condición indispensable para su reingreso. Sin perjuicio de ello, se prevé la suspensión de sus funciones y una reducción transitoria de sus haberes, precisamente por falta de efectivo cumplimiento de los mismos hasta que se encuentre rehabilitado en el ejercicio del cargo.
“Si comprendemos que desde 2010 hasta la actualidad el consumo de estupefacientes se ha incrementado en más de un 100% según las estadísticas de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), este tipo de iniciativas son imprescindibles para la toma de conciencia de los santafesinos sobre la seriedad con que el Estado decide abordar la problemática”, concluyó Julierac Pinasco.
