Los fiscales querían que el empresario continuase detenido para evitar maniobras como la venta de Renova. El juez lo excarceló y le impuso una caución de 500 mil dólares.
En el marco de la causa Vicentin, ayer en el Centro de Justicia Penal de Rosario, Omar Scarel sumó otra imputación por echar mano al patrimonio del grupo defaulteado al terminar de vender la fábrica Renova, sacarla del alcance del concurso, con el argumento de pagar una cuota de deuda a los acreedores.
Sin embargo, el juez Nicolás Foppiani no compartió la desconfianza de los fiscales lo hicieron detener y rechazó el pedido para que el empresario continuara en prisión. Así, lo dejó en libertad y le impuso una caución de 500 mil dólares.
Los fiscales de Delitos Económicos Sebastián Narvaja y Miguel Moreno formalizaron la acusación contra Scarel por «desobediencia en grado consumado» de dos medidas cautelares. Una fue la que el propio juez Foppiani había impuesto en septiembre de 2020. Era la «prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria de las empresas sobre las que Vicentin SAIC tendría participación», precisó anoche un vocero del Ministerio Público de la Acusación. Una de ellas era la fábrica de biodiesel Renova SA.
La otra desobediencia en la que incurrió Scarel fue violar el mandato del juez Hernán Postma, que en diciembre de 2020 –cuando Vicentin ya había declarado su default– prohibió que el grupo se desprendiera de activos por más de 50 millones de pesos.
Scarel realizó un contrato de compraventa entre Vicentin y Viterra Argentina SA para –según deducen los fiscales– transferir a Renova SA y sacarla de la posibilidad de perderla a manos de los acreedores en concurso judicial.
La imputación sostiene que Scarel traspasó así el 33,33% del paquete accionario de Renova a Viterra, a cambio de USD 310 millones. La operación se formalizó el 28 de abril pasado como «oferta de compra de acciones de Renova» de Viterra a Vicentin.
