El proyecto oficial, que será enviado a Legislatura, prevé actualizar la norma acorde a la Constitución Nacional y los tratados internacionales en la materia. También se contempla que el menor pueda hablar durante el proceso.
El gobierno provincial impulsa por estas horas un proyecto de ley para darle forma al Código Penal Juvenil en Santa Fe. Al respecto, Gabriel Somaglia, secretario de Justicia, explicó que el objetivo es que “se puedan impulsar juicios de naturaleza penal a aquellos menores que delinquen de una manera pública, oral y transparente; que los jueces dejen de investigar y solamente se circunscriban a ello los fiscales especiales en la materia y que haya jueces que puedan entender en la criminalidad de los menores”.
En diálogo con ATP, el funcionario hizo hincapié en que la voluntad es que el proceso judicial esté de acuerdo a la Constitución Nacional y a las convenciones internacionales que rigen en la materia en el caso de un delito cometido por un menor de edad. “Hoy Santa Fe tiene un procedimiento que no se ajusta a esos estándares. Más allá de que en Santa Fe, para los menores de edad, no existe un proceso oral también está vedada en la actualidad la intervención que la pueda corresponder a las víctimas que puedan ayudar con la investigación. Que puedan obtener una reparación por los daños que puedan sufrir y que los jueces tengan la obligación de, antes de dictar sentencia, convocar a las víctimas para darles a conocer lo sucedido en el proceso”, esgrimió Somaglia.
Asimismo, el debido proceso oral la permitirá al menor expresarse “libremente, sin que lo tenga que hacer por escrito. Va de suyo que un profesional del derecho asistirá al menor. Pero es muy interesante que el menor tenga la posibilidad de hablar y que haya un juez imparcial que pueda escucharlo sin ningún tipo de restricción”, acotó el secretario de Justicia provincial. En ese orden, Somaglia consideró que la cuestión constituye una “deuda en materia legislativa”. El proyecto oficial será enviado a la Legislatura y cuenta con el aval de las facultades de Derecho y los colegios de abogados y de magistrados de la provincia.
