El diputado provincial del PJ recalcó que las empresas deben ser más eficientes e instó a no trasladar a la comunidad los costos del mantenimiento del servicio, tal el caso de ASSA.

Oscar “Cachi” Martínez, diputado provincial del PJ, cuestionó hoy el rechazo planteado por lo oposición al Presupuesto 2022 en la Cámara Baja de la Nación. “Rechazarle el presupuesto a un gobierno es dejarlo sin la herramienta básica”, sostuvo y añadió que “para la provincia es un gran problema porque la afecta en cuanto a los conceptos coparticipables, el transporte y obras importantísimas para la provincia, como el puente Santa Fe – Santo Tomé”.

En su paso por ATP, el dirigente del Frente Renovador consideró que “se están adelantando los tiempos de la política no entendiendo los tiempos de la gente”, en virtud de las reacciones ajenas y propias.

Por otro lado, los ingresos de los santafesinos y las santafesinas y su relación con los valores de las tarifas públicas mereció que Martínez plantease que “en un contexto de una inflación del 50%, establecer precios de referencia desde el ámbito de los servicios públicos, que vayan más allá de las expectativas de crecimiento del salario termina siendo un elemento que contribuye a la inflación”. Acorde a esa argumentación, el diputado también sostuvo que “el salario está cada vez más desguarnecido, cada vez más bajo, y es un error resolver el problema de las ineficiencias de las empresas públicas trasladándole el precio a los usuarios”.

En tal sentido, el eje de la discusión se inscribe en que “las empresas trabajen mucho para ser más eficientes”. Y citó como caso que Aguas Santafesinas (ASSA) cuenta solo con un 40% de medidores, “un instrumento para hacer justicia a la hora de cobrar la tarifa”. Tampoco “se ha resuelto tema de las pérdidas, que son enormes; están los caños pinchados y no se los arregla y, entonces, hay que pagar el servicio por el volumen de agua que se procesa pero que no llega a los usuarios, pero lo paga”, observó el diputado justicialista.

Del mismo modo, indició como necesario “ponerle razonabilidad a las decisiones del Estado”. “Producto de un acuerdo con el Ejecutivo, establecimos un incremento del Impuesto Inmobiliario de un 30%; de la Patente Automotor, un 30%; de los Ingresos Brutos, el mínimo aumentó un 40%. La tasa inflacionaria que tomó el Ejecutivo como punto de referencia para la actualización del presupuesto fue del 33% y se plantea un aumento del 68% (de ASSA), en un contexto en el que el salario es el más bajo de Latinoamérica”, recalcó.

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