Fue en la declaración como imputado colaborador, en la que precisó haberse contactado con el entorno de Armando Traferri en el marco de una campaña electoral. A cambio, contaba con el aval para el juego ilegal.
Leonardo Peiti se presentó este jueves a la audiencia judicial en la que se pedirá el aval para una condena por manejar emprendimientos de juego clandestino en distintos lugares de la provincia. Según informó La Capital, uno de los sostenes de esa sentencia es una extensa declaración, la suya, en la que reconoció haber pagado sobornos millonarios a actores de la política, a fiscales y policías para desplegar su actividad.
La revelación más importante pasa por la confesión de haberse contactado con el entorno del senador por San Lorenzo, Armando Traferri, para entregarle dinero a fin de que su grupo político hiciera lobby para conseguir que el gobierno provincial lo habilitara como concesionario en emprendimientos de salas de juego legal en la provincia.
“Habré puesto para la campaña unos 200 mil dólares que le di a Traferri. Él no me los pidió pero yo se los fui dejando para la campaña. Y él se los llevaba”, dijo Peiti en su testimonio, según lo que se volcó en la audiencia que comenzó a las 9.30. Uno de los cuatro fiscales presentes en el trámite señaló que se pudo acreditar cinco reuniones en los que Peiti decía que se iba a encontrar con Traferri. “Las antenas demuestran que tras los avisos las dos personas se juntan”, indicó.
En su declaración, Peiti sostuvo que se acercó a Traferri para que lo ayudara a legalizar en su favor el negocio del juego. Dijo que merced a las gestiones de este grupo, a través del empresario y expiloto de fórmula 1 Oscar “Poppy” Larrauri, consiguió que lo recibiera el exgobernador Miguel Lifschitz en la Casa de Gobierno. Sostuvo que en esa ocasión Lifschitz no lo hizo pasar a él sino a Larrauri. «Nos habrá atendido 10 minutos, o sea al señor Larrauri, yo no entré, quedé afuera. Y lo sacó, lo limpió en 10z minutos, le dijo que el socialismo no quería apoyar el desarrollo del juego y no tuvimos ninguna clase de chance ni éxito», sostuvo.
Así las cosas, Peiti aseguró que, entonces, Traferri le dijo que lo iba a ayudar a legalizar en su favor el negocio del juego digital pero que para eso tendría que ganar Omar Perotti las elecciones. Fue por eso que le entregó a Traferri sumas de dinero que llegaron a los 200 mil dólares. «Él dijo que tenía todo armado con Perotti, para poder apoyar a Perotti y que gane Perotti, y entonces supuestamente yo lo fui ayudando, colaborando. Habré puesto para la campaña algo más de 200 mil dólares. Lo di en varias entregas, y quiero dejar claro que él nunca me dijo tenés que dar tanto, yo lo fui ayudando”.
Afirmó haberle dado 50 mil dólares al senador por Iriondo Hugo Rasetto y que también le había aportado durante varios meses cinco mil dólares a Paulichenco en cada entrega. Afirmó que Rasetto se oponía al juego en su departamento.
Finalmente, el gobierno provincial, ya con Perotti en el poder, adjudicó las licencias del juego online a otro grupo, el que controla los casinos de Rosario, Santa Fe y Melincué.
Además, Peiti sostuvo haber entregado dinero para el senador Lisandro Enrico (del departamento General López) aunque sostuvo que cedió los fondos a Paulichenco y no personalmente al legislador radical.
Ante la pregunta de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery sobre si Enrico había recibido ese monto, se supo que “Peiti respondió no saber si había recibido ese dinero lo que sí indicó es que a partir de esa situación pudo trabajar en el ámbito de esos departamentos, no sabía si por cuestiones de azar o por alguna intervención para favorecerlo. Peiti sostuvo que había arreglado con Scattaglini apoyar a Perotti.
Por esta imputación de explotación ilegal de juego los fiscales y la defensa de Peiti acordaron para el empresario una condena de seis años de prisión reducida a tres años de pena efectiva por el aporte que Peiti realizó como imputado colaborador. También le impusieron una multa de 48 millones de pesos más otros 17 millones por lotes de terreno en el barrio Tierra de Sueños de Casilda más dos vehículos.
La condena propuesta implicó también la investigación por acciones de juego ilegal de los fiscales de Melincué, Matías Merlo, y de Rafaela Guillermo Loyola.
El juez que debe valorar si homologa el juicio abreviado propuesto es Rafael Coria. En este mismo trámite fueron detenidos y sometidos a proceso el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad. Ambos fueron acusados de recibir dinero para omitir la persecución penal contra Peiti por sus emprendimientos de juego ilegal y entregar información sobre los procedimientos en su contra. Ponce Asahad, que también hizo revelaciones de esta trama como imputado colaborador, terminó condenado a tres años de prisión.
