Se debe a la línea que abrió el MPA en torno al Ministerio de Seguridad y acciones llevadas a cabo durante la gestión de Marcelo Sain.
Omar Perotti instruyó al fiscal de Estado, Rubén Weder, para que tutele una investigación en la órbita del Ministerio de Seguridad luego de conocerse presuntas acciones relacionadas con el espionaje ilegal, efectuadas durante la gestión de Marcelo Sain.
El gobernador así lo dispuso mediante el decreto N° 2651, con fecha 29 de noviembre. Entre las fundamentaciones, se indica que “es deber de este Poder Ejecutivo, instruir de manera inmediata la iniciación de los procedimientos administrativos necesarios a los efectos de determinar sí, en el ámbito de esa jurisdicción, se han realizado conductas reñidas con el ordenamiento jurídico que rige su funcionamiento”.
El conflicto de alcance institucional se desató el último viernes, cuando se llevaron a cabo allanamientos en las sedes de la cartera en cuestión sitas en Rosario y Santa Fe. Luego, de forma inmediata, se sucedió una serie de renuncias de quienes habían sido colaboradores de Sain y permanecían en sus cargos. Mientras se aguardaba la definición de los o las reemplazantes por parte de la Casa Gris, el jefe del Ejecutivo lanzó la directriz de investigar.
“A los efectos de dilucidar si se han infringido normas que regulan el funcionamiento del Ministerio de Seguridad y, en su caso, determinar, si existieran, las responsabilidades administrativas que correspondieren, es oportuno instruir al Fiscal de Estado –quien además de ser el asesor jurídico de este Poder Ejecutivo (art. 82 de la Constitución Provincial), tiene como facultad legal llevar a cabo las investigaciones y procedimientos disciplinarios (art. 2, inc. f) Ley 11875)– para que, a través de la Dirección de Auditoría y Sumarios dependiente de esa jurisdicción, inicie de manera inmediata los procedimientos administrativos que legalmente correspondan”, reza el decreto a modo de fundamentación.