Fue noticia nacional el fallo laboral que determinó que se abone 1.000 salarios de indemnización a una empleada que trabajó seis años, pero resultó que la jueza estaba subrogando el cargo.
Es María Victoria Acosta, quien oportunamente fue propuesta para subrogar el cargo en el Juzgado Laboral 4 de Santa Fe hasta que se designara un nuevo juez. El tiempo fue pasando, con sucesivas prórrogas, y la abogada se fue aferrando a su continuidad.
El jueves pasado, con preferencia, la Legislatura Provincial trató la ley de prórroga, por un año más, para el cargo de esta laboralista que se encuadra en la filosofía de Daniel Machado de castigar a las empresas. Pero el caso de La Red Informativa y de otros que saltaron a la luz, generaron alertas entre los legisladores, y dicha prórroga no se aprobó.
Esta decisión generó que la jueza ya no pueda volver a su cargo y, por lo tanto, serán 3 de los 5 Juzgados laborales de Santa Fe los que no tienen asignado sus jueces. Esto genera una gran problemática que se deberá resolver rápidamente porque se siguen acumulando expedientes.
Ahora, lo que debería hacer el Ejecutivo es proponer jueces que se apeguen a la ley y no a la teoría de la Cámara de “acuerdo a la espalda, son los lonjazos”.
Porque si no se volverán a dar sentencias como la expuesta, en franca oposición con la lógica, el sentido común y la propia justicia laboral.
Para poner en evidencia lo que ocurre en la provincia a nivel de Justicia Laboral basta con un ejemplo. La Cámara de Comercio de Santa Fe hizo un relevamiento entre los comerciantes de la capital donde confirma que el 40% debería tomar entre 1 y 2 empleados pero no lo hace porque temen a la “industria del juicio”, avalada por los juzgados y cámaras laborales de Santa Fe.
