Así lo dispuso el juez Jorge Patrizi en el marco de una audiencia de suspensión de juicio a prueba. El imputado manipuló elementos tóxicos para arreglar botes y no tomó las precauciones ni tuvo los cuidados necesarios para preservar el medio ambiente. Además del dinero que deberá aportar, tendrá que sanear el daño que provocó.

Un hombre de 38 años deberá realizar una donación de 150 mil pesos al hospital José María Cullen por utilizar elementos tóxicos para reparar botes y no tomar las precauciones necesarias para proteger el medioambiente.

Así fue resuelto por el juez de la Investigación Contravencional Preparatoria, Jorge Patrizi, en el marco de una audiencia de suspensión de juicio a prueba (también conocida como probation) llevada a cabo en los tribunales de la capital provincial.

El accionar del imputado encuadra en las contravenciones reguladas en el Código de Convivencia de la provincia. Por esa razón, la fiscal María Laura Martí investigó lo ocurrido.

“Además de la donación económica, el imputado –cuyas iniciales son EJA– deberá cumplir reglas de conducta durante un año, entre las cuales se incluyen asistir a un curso acreditado sobre cuidado ambiental y realizar el saneamiento necesario del daño que generó”, informó la fiscal.

Martí explicó que “si bien las fechas no pudieron precisarse, las contravenciones fueron cometidas al menos hasta el 4 de enero de este año, en inmediaciones de Pasaje Cervantes al 3700”. Al respecto, precisó que “personal de la Municipalidad de Santa Fe y de la división de Delitos Ambientales de la Agencia de Investigación Criminal, realizaron un procedimiento en un inmueble en el que funciona una especie de astillero, que no tenía licencia ni permiso para funcionar”.

En este sentido, la funcionaria del MPA informó que “el imputado manipuló elementos tóxicos para efectuar reparaciones de botes sin tomar las precauciones ni los cuidados pertinentes a la actividad desarrollada, lo cual provocó deterioro y desequilibrio al medio ambiente”.

“La audiencia de suspensión de juicio a prueba fue por la autoría de las contravenciones indicadas en los artículos 57; 61; 135 y 137 del Código de Convivencia de la provincia de Santa Fe: incumplimiento de los mandatos legales, negocios no autorizados o prohibidos, utilización indebida de productos peligrosos y atentados contra los ecosistemas”, concluyó la fiscal.