Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, de las Unidad de Delitos Complejos, pidieron información sobre uso de gastos reservados y por licitaciones de armas y motos.
Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, de la Unidad de Delitos Complejos, se constituyeron personalmente el viernes pasado en el Ministerio de Seguridad para presentar oficios de solicitudes de expedientes internos de 2017, 2018 y 2020. Habitualmente la diligencia la lleva adelante un oficial de justicia o un empleado de la Fiscalía, pero esta vez los propios fiscales decidieron apurar el trámite con su presencia y, aunque no logrado, evitar que el oficio circule en los medios y la respuesta se vuelva perezosa.
En rigor, no fue un allanamiento como se informó erróneamente. Pero el hecho de estar presente in situ habla de un interés especial por parte de los funcionarios del MPA.
Los expedientes que solicitaron fueron los relacionados a la denuncia por la licitación en la compra de armas y motos que hicieran el año pasado diputados opositores, en virtud de la trascendencia que tuvo en distintos diarios la presentación judicial efectuada por una de las empresas presuntamente damnificadas. Ese trámite tuvo dictámenes en contra de la propia oficina de licitaciones y compras del ministerio de Economía y de la Fiscalía de Estado.
La firma Bersa cuestionó entonces el procedimiento por el cual se licitó desde el Ministerio la compra de 12 mil armas, la empresa entendía que el proceso estaba armado de tal manera que beneficiaba a su competencia, ya que impedía que una empresa pueda hacer oferta por ítems, en lugar de hacerlos por el conjunto de los insumos. Lo que quedaba claro es que la licitación favorecía a un grupo israelí, al que se vincula con el actual secretario de Seguridad, Germán Montenegro.
El procedimiento, que tuvo lugar en la Dirección General de Administración y en el área de Coordinación Administración Financiera, también incluyó el pedido de expedientes sobre el uso de gastos reservados del Ministerio de Seguridad de 2017 y 2018, cuando se presume e0l entonces ministro Maximiliano Pullaro y su secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, David Reinero, dieron instrucciones a la Habilitada de la cartera para que pague los honorarios profesionales de los abogados que defendían a los policías de Asuntos Internos implicados en la desaparición y muerte de Franco Casco –en octubre de 2014 – con esos fondos de libre disponibilidad.
La denuncia sobre esa posibilidad la hizo Marcelo Sain, motivado por las conclusiones de una auditoría que él mismo había pedido sobre el uso de esos gastos entre 2015 y 2019. El informe revelaba que, entre el mes de octubre de 2017 y septiembre de 2018, existió un aumento de la partida de gastos reservados “destinada al pago de honorarios de abogados que asistieron legalmente al personal involucrado en el crimen e intento de desaparición de Franco Casco ocurrida en 2014”.
Franco Casco, un joven oriundo de la provincia de Buenos Aires, fue detenido el 6 de octubre de 2014 en la seccional Séptima de Rosario y sometido a tormentos hasta que perdió la vida. Luego intentaron desaparecerlo en las aguas del río Paraná, pero 24 días después fue encontrado por agentes de Prefectura.
De acuerdo a la investigación que llevó adelante la justicia federal, el personal de Asuntos Internos fue clave para el encubrimiento, adoptando medidas crueles, como tomar los testimonios de detenidos en la seccional donde mataron a Casco, delante de los propios jefes, o falseando el testimonio de un pastor evangelista y difundiendo la idea de que el muchacho había sido visto con vida cuando en realidad ya había sido asesinado.
En este contexto, el abogado y entonces asesor político de la Secretaría de Control José Manuel Alcácer, fue defensor de cinco policías de Asuntos Internos imputados en la causa. Alcácer fue designado como Asesor Técnico Nivell II en la gestión de Raúl Lamberto como ministro de Seguridad, a través del decreto 2118 del 14 de julio de 2014, firmado por el entonces gobernador Antonio Bonfatti.
El accionar desplegado por el abogado José Manuel Alcácer asumiendo la defensa penal de cinco funcionarios policiales pertenecientes a la Dirección de Asuntos Internos es violatorio de la ley provincial de ética en el ejercicio de la función pública, dado su desempeño en el área gubernamental bajo cuya órbita se encontraba la Dirección de Asuntos Internos y que tiene –tal como lo expresa la normativa antes reseñada– por objetivo fundamental ejercer el control e investigación de casos de apremios ilegales, delitos y corrupción policial”, se señala.
El abogado cesó en sus funciones en octubre de 2015 dentro del ministerio pero asumió la defensa de los imputados en septiembre de 2017, cuando no había transcurrido el tiempo exigido por la ley, sin tener en cuenta el “perfil” de los defendidos. En esa coyuntura, y mientras era funcionario de la Secretaria de Control, el letrado fue el defensor del médico oncólogo Gabriel Zilli, quien fuera condenado por la causa llamada “Narco Arroz”, en donde se le asignó el rol clave en el andamiaje de un cártel de drogas con ramificaciones internacionales.
También fue – ya en 2019 – abogado defensor de Luis Paz (padre del “Fantasma”, Martín) procesado por ser considerado jefe de una banda narco, asociación ilícita y lavado de dinero, patrocinio que compartió con su socio Lucas Peirone, quien fuera designado por el Decreto N° 2839 de fecha 3 de septiembre de 2015 como asesor nivel II de la Secretaria de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia, cargo al que renunció cuando trascendió que había tomado la defensa de Paz.
La Auditoria que pidió Sain apenas asumió el cargo de ministro detalla que el aumento de la partida de “gastos reservados” se incrementó a $78.000 entre el mes de octubre del año 2017 y septiembre del año 2018 para al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta Unidad Especial que se encontraba involucrado en el caso “Casco” de la ciudad de Rosario.
