La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de Rosario se pronunció con dureza contra la manera sistemática con que la Legislatura de la provincia se comporta con el propósito de conseguir “el disciplinamiento de sus órganos”.
El funcionariado de las fiscalías de Rosario se refirieron a la secuencia de leyes que la Legislatura sancionó desde hace cinco años para concederse a sí misma las facultades disciplinarias sobre fiscales y limitar las investigaciones. Esa política, dice la Asociación, “asumió una lógica signada por el cinismo, moldeada en la más voraz realpolitik, y orientada hacia el aseguramiento de la impunidad de ciertos sectores de la sociedad de la provincia”.
Al inicio, los fiscales de Rosario indican que lo que motiva el pronunciamiento es la coyuntura del proceso disciplinario centrado en el exministro de Seguridad y actual director del Organismo de Investigaciones (OI), Marcelo Sain. El OI es un órgano de apoyo a las pesquisas de delitos complejos de los fiscales y depende del MPA.
Los fiscales indican que la posición que adoptaron “no tiene ninguna relación con ningún tipo de simpatía con la persona de Sain, quien frecuentemente ha despertado legítimas suspicacias en una gran cantidad de integrantes de nuestra asociación con sus habituales declaraciones públicas, que en general nos han parecido injustas y desmesuradas, incluso agraviantes”.
Pero destacan que pese a esa consideración las acciones que están teniendo lugar en su contra “son ilegítimas, incorrectas y dañinas para el MPA y para la sanidad de esta institución”.
Destacan que al crearse el MPA la Legislatura definió una ley, la 13.013, que buscaba que los fiscales “puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabajas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo justificado”. Pero que a partir de 2017 tal resguardo comenzó a ser dejado de lado “cuando 18 senadores y el vicegobernador de entonces firmaron una petición para que la Comisión de Acuerdos de la Legislatura abriese un proceso disciplinario contra los fiscales del MPA que tenían a su cargos las investigaciones de denuncias contra senadores y un exsenador”.
Ese accionar continuado, que los fiscales denuncian como “una gangrena”, se inició un proceso que, entre gallos y medianoches, culminó con la sanción exprés de una modificación a la ley orgánica del MPA, por medio de la cual la Legislatura se arrogó la potestad de investigar y juzgar disciplinariamente a las y los fiscales del MPA”.
“Desde entonces, para la mayoría de las y los fiscales, cada caso, cotidianamente, esconde el peligro que se toque el interés de alguien con protección o vínculos con algún legislador o alguna legisladora”, sostienen los fiscales rosarinos.
“La voracidad de estas iniciativas legislativas orientadas a disciplinar al MPA llegaron a su grado máximo de desparpajo e ilegalidad con la iniciativa de la Cámara de Senadores de un proyecto de ley que otorgaba a la legislatura facultades para requerir los legajos de las investigaciones en curso del MPA. Por fortuna, a la Cámara de Diputados, en este caso, le pareció demasiado”.
Los fiscales dicen que el último capítulo de este derrotero es la sanción de la Ley 14.016, “denominada por la prensa como “Ley Saín”, que establece una modificación al régimen disciplinario de la Ley 13.013, para ser aplicable retroactivamente. Es el mecanismo con el que se abrió el proceso por faltas graves a Sain.
“Cuando afirmamos que de lo que se trata es de disciplinar a fiscales nos fundamos en el dato empírico que, pese los enormes esfuerzos por hacerse del poder disciplinario contra los Fiscales, la Comisión de Acuerdos no ha hecho una sola investigación que merezca ser llamada de este modo. Cada uno de los procesos disciplinarios que han terminado con decisiones de la Legislatura ha sido el fruto de la investigación del propio MPA. En los hechos, es el MPA la institución que ha demostrado que, con sus falencias, es capaz de investigar y acusar a sus propios miembros, cuando la ley lo requiere”, dice la Asociación.
“Con esta forma de trabajo contrasta la de la Legislatura. Debemos hacer notar que la única vez que se pidió una medida cautelar con fundamentos y la producción de una investigación profunda, contra el Dr. Serjal, por parte de la diputada (Alicia) Gutiérrez y del diputado acusador (Carlos) Del Frade, las resoluciones de la Legislatura sólo impidieron y demoraron la apertura del caso contra el Dr. Serjal y lo protegieron. Esto es lo que ocurrió luego que el fiscal General del MPA diera cuenta de la compra de dos automóviles (Toyota) por parte del Dr. Serjal a un imputado beneficiado por él mismo con un archivo”, sostuvieron los fiscales.
“Nuevamente, en el caso del Dr. Serjal fueron fiscales del MPA los que profundizaron la investigación e impulsaron su renuncia. En la vereda de enfrente, ante la evidencia de participación de un integrante del Senado en una asociación ilícita, indicada por dos criminales confesos y sostenida por un sinnúmero de evidencia objetiva, la legislatura protege corporativamente al sospechoso”, indicaron.
“Una vez más, nos vemos en la necesidad de rechazar la política legislativa orientada a poner bajo la Legislatura el control disciplinario de los integrantes del MPA. Una vez más, a manifestar que nos repugnan los métodos y los móviles con los que se llevan adelante dichas iniciativas. Y una vez más aspiramos a contar con una legislación que promueva el desarrollo de un Ministerio Público fuerte, autónomo, bien financiado, equipado, capacitado, transparente, inteligente y comprometido con la lucha contra la impunidad y con los derechos de los más débiles”, cerró la Asociación de Fiscales.
