El auditor ad hoc, Rubén Martínez, admitió las diversas presentaciones que cuestionan al actual Director del Organismo de Investigaciones. Notificó al presidente de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, Fabián Bastía, y sugirió la suspensión en el cargo hasta que dure el proceso disciplinario.
El fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, firmó este martes una resolución mediante la cual admite las diversas presentaciones –en apariencia graves desde el punto de vista disciplinario–, realizadas por diversos actores de la institucionalidad santafesina, como el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, hasta un grupo importante de diputados santafesinos de diversos partidos políticos. Martínez fue designado por el fiscal General Jorge Baclini, quien en abril pasado había dejado sin efecto una resolución de la Auditora del MPA, Cecilia Vranicich, que entendió que no era competencia suya evaluar la conducta de Marcelo Sain que se reprochaba dado que se cuestionaba su desempeño o sus manifestaciones mientras se ejerció como ministro de Seguridad de Santa Fe.
“Esa ya es resorte de otro poder y de otro marco legal”, había dicho Vranicich. Esa decisión fue apelada por Arietti y llevaba a consideración de la junta de fiscales que avalaron la petición de apartar a la Auditora y designar a un auditor ad hoc, quien resultó ser el fiscal regional de Reconquista.
Martínez informó en las últimas horas al presiente de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, Fabián Bastía, la decisión de admitir las presentaciones contra el actual director del Organismo de Investigaciones y al mismo tiempo sugerir que se lo suspenda mientras se sustancia el proceso disciplinario para no entorpecer el procedimiento previsto por ley.
Entre los legajos fiscales analizados por Martínez se encontraban las denuncias antes la Unidad de Delitos Complejos de Santa Fe por tratos crueles e inhumanos y hacinamiento en dependencias policiales de la Unidad Regional 1. También una presentación de un grupo de diputados de la oposición parlamentaria en la que se referenciaban distintos episodios funcionales o verbales del exministro de Seguridad. Incluso, el entonces presidente del bloque socialista, hoy presidente de la Cámara, Pablo Farías, también había presentado una denuncia ante el Inadi por entender que Sain había incurrido en manifestaciones discriminatorias en varias de sus expresiones.
También se evaluó una presentación por haber violado el principio de igualdad y razonabilidad a la hora de llevar adelante una licitación para la compra de armas para el personal policial, aportando prueba producida por el propio Poder Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Contratación y Gestión del Ministerio de Economía.
El criterio que imperó es el que alguna vez se deslizara desde la Fiscalía General, en donde se entiende que, a pesar que las denuncias refieren a casos ocurridos en funciones dentro del Poder Ejecutivo, el funcionario cuestionado sigue siendo del staff del MPA –en definitiva del Poder Judicial– aun estando de licencia en el cargo.
Trámite
La Resolución del fiscal regional Martínez, que fue remitida a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, deberá tener un trámite novedoso, en tanto se revise como posibles faltas graves: la debe admitir la comisión de Acuerdos por mayoría simple (o no hacerlo, obviamente) y abrir el proceso disciplinario designando a un acusador, además de suspender o no al funcionario mientras dure la pesquisa. Todo ello debe realizarse en el plazo de 60 días en donde el acusado tendrá todas las posibilidades de defenderse, incluso designando abogado si lo cree necesario. Si la Comisión se expide debe la Asamblea Legislativa pronunciarse.
Esta novedad, en el caso de los integrantes del MPA respecto a las incompatibilidades y el proceso disciplinario en faltas graves fue aprobado el año pasado junto a la ley de gastos reservados. Omar Perotti vetó ambas leyes pero hace poco menos de un mes, luego de un acuerdo político entre la Casa Gris y la oposición legislativa, se resolvió “dar vuelta” el veto del Gobernador sólo en el caso de las sanciones graves a los integrantes del MPA. En ese contexto será juzgado Saín, si prospera el pedido del Auditor Ad Hoc en la Comisión de Acuerdos, presidida por Bastía e integrada por diputados Clara García, Leandro Busatto, Lionela Cattalini, Gabriel Chumpitaz, Nicolás Mayoraz, Maximiliano Pullaro y Gabriel Real; y los senadores Alcides Calvo, Lisandro Enrico, Joaquín Gramajo y Rubén Pirola.
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