Lo expresó Julio Ríos, representante de los transportistas turísticos que protestan en las cercanías de la terminal de ómnibus, en el marco de una medida nacional. “Estuvimos nueve meses y medio parados y no nos dieron ni siquiera una patente para perdonarnos”, planteó.

Julio Ríos representa a los transportistas turísticos que, desde la víspera, realizan protestas en terminales de ómnibus de todo el país luego de las restricciones dispuestas por el último DNU. En nuestra ciudad la medida se siente fuerte sobre avenida Alem, a la altura de Belgrano, La Rioja y el cruce de Suipacha y Calchines. En horas de la siesta de este martes, solo se encontraba liberado a la altura de San Luis. “Nos pidieron que levantemos el corte, pero no. Se han acordado muy tarde de nosotros. Hoy vinieron funcionarios de la Municipalidad. Nos piden por favor, pero no nos dan nada a cambio”, expresó.

En contacto con ATP, el transportista recalcó sobre la situación: “Estamos pidiendo trabajo, no subsidio”. Asimismo, negó que se haya presentado un fiscal al lugar y precisó que los cortes son temporales por pequeños lapsos, mientras por algunas colectoras se puede transitar. “Queremos que entienda el fiscal que somos seres humanos, tenemos familia y una inversión puesta en una fuente de trabajo, tenemos empleados y todo lo que lleva mantener una empresa, tanto impositiva como estructuralmente. Estuvimos nueve meses y medio parados y no nos dieron ni siquiera una patente para perdonarnos. ¿Por qué los demás pueden funcionar y nosotros no?”, fundamentó el trabajador y aludió a que no rigen benevolencias en torno a los impuestos que debe pagar el sector.

En este contexto, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Manuel Cecchini, intervino con el fin de determinar si la medida de fuerza afecta el normal funcionamiento del trasporte público, sobre la base del artículo 194 del Código Penal que sanciona a aquella persona que “sin crear una situación de peligro común” impide o estorba la funcionalidad de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas.

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