A partir de una iniciativa de la diputada Patricia Mounier, se busca incorporar un artículo al Código Penal para aplicar pena de prisión a quien realice declaraciones públicas tendientes a reivindicar, legitimar y/o minimizar los delitos de lesa humanidad.
La diputada nacional Patricia Mounier, del Frente de Todos por Santa Fe, presentó una iniciativa que pretende incorporar un artículo al Código Penal de la Nación mediante el cual se reprima con pena de prisión a quien realice declaraciones públicas tendientes a “reivindicar, legitimar y/o minimizar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar y eclesiástica”.
|DDHH| Presenté un Proyecto de ley para sancionar el Negacionismo del terrorismo de estado en Argentina.
La iniciativa pretende que la práctica sea considerada delito. pic.twitter.com/QAQDV8087m— Patricia Mounier (@patriciamounier) March 31, 2021
La norma considera que los comentarios públicos que ponen en duda la existencia del plan sistemático de desaparición, tortura, muerte y apropiación de personas recién nacidas por parte de la última dictadura cívico militar y eclesiástica en Argentina, entre 1976 y 1983, “representan una falta de respeto al pueblo argentino, particularmente a las víctimas”. Para la legisladora santafesina es necesario “poner en consonancia nuestros cuerpos normativos con la legislación comparada en materia de derechos humanos y de memoria histórica”.
Mediante un comunicado, Mounier explicó que la propuesta pretende “sancionar a aquellas personas que nieguen, reivindiquen, justifiquen, pongan en duda, promocionen o banalicen los crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos por y durante el terrorismo de Estado” a fin de “deslegitimar las formas de odio u hostilidad, sancionando las raíces de los discursos y las prácticas del negacionismo”. En ese orden, agregó “esta actitud representa una obligación estatal de reparación, de memoria, de verdad y de justicia para promover los derechos humanos y para fundamentar una pedagogía pública de los mismos”.
El documento detalla que cuando los discursos de odio surjan desde las instituciones del Estado y de sus funcionarios se procederá a la inhabilitación especial para ocupar cargos públicos. “No se puede tolerar la banalización de parte de funcionarios públicos del número de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar y eclesiástica, o que niegan que haya existido un plan sistemático de tortura, desaparición de personas y de robo de personas recién nacidas”, destacó la diputada.
