Así lo denunció el diputado provincial Gabriel Chumpitaz, de Juntos por el Cambio, en relación con la anulación del decreto de Mauricio Macri, que impedía el ingreso de extranjeros con antecedentes.
El diputado provincial Gabriel Chumpitaz, de Juntos por el Cambios, sentenció que “cada vez tienen más beneficios y mejores condiciones los delincuentes extranjeros que emigran a la provincia”, en virtud de la anulación del decreto de Mauricio Macri que impedía el ingreso de residentes de otros países con antecedentes.
En ese sentido, apuntó a que esto da lugar “nuevamente a más inseguridad” y señaló que en la provincia “el 19% de los delitos son cometidos por extranjeros”.
“Hoy es una gran semana para los narcotraficantes. El gobierno kirchnerista deroga el decreto 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones. Nuevamente toma una decisión que implica un retroceso más en las políticas de seguridad ciudadana. El gobierno iguala a los delincuentes extranjeros con los migrantes que deciden venir a la República Argentina para contribuir al crecimiento del país en forma legal y honesta, como lo hicieron nuestros padres y abuelos. Con esta decisión se avanza un paso más en la destrucción de la meritocracia como idea de construcción ciudadana, y más aún en la provincia de Santa Fe, copada por narcotraficantes”, argumentó el legislador que forma parte de las filas lideradas por Patricia Bullrich.
“Que como pudo escucharse en palabra del presidente Alberto Fernández, para intentar justificar su decisión, afirmó que el Decreto 70/2017 violaba derechos y garantías constitucionales, argumentando que se violaba el debido proceso, sin contar con asistencia y defensa legal y una retención innecesaria del inmigrante”.
“Sorprende que el presidente de la Nación afirme que no se evidenciaron mejoras ponderables en otros aspectos con el régimen previsto por el Decreto 70/17. El último informe estadístico de cárceles demuestra que el porcentaje de extranjeros detenidos alojados en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal disminuyó del 23% al 18% (esto es, 694 personas menos alojadas en el sistema federal). Esto implica una mejora en las condiciones generales del crítico sistema penitenciario federal. Precisamente, este era uno de los objetivos que pretendía el decreto que ahora se deroga”, definió el diputado del PRO.
Y finalizó: “Desde la entrada en vigencia del Decreto 70/17 se volvió a poner en funcionamiento el mecanismo legal previsto para la expulsión de extranjeros en conflicto con la ley penal, que ahora se pretende desactivar nuevamente. En el período 2012 a 2015 se expulsó a un total de 1.256 extranjeros, mientras que entre 2016 y 2019 con Patricia Bullrich al mando, se concretó la expulsión de 2.267 personas que se encontraban fuera de la ley”.
